Finca 916: fiscales allanan el Indert para buscar documentos

Este lunes dos fiscales allanaron las oficinas del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), ubicadas en Asunción, para buscar documentos referentes a la finca 916 en Villa Hayes. Desde el ente público hablan de una colaboración con los agentes del Ministerio Público.

Documentación en el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).
Documentación en el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).Diego Díaz

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Desde el Indert detallaron que la constitución de los fiscales Osmar Legal y Diego Arzamendia que se dio hoy en la institución, responde a un pedido de expedientes y antecedentes que solicitaron los agentes en referencia a la finca 916, que es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional (MDN) y recientemente fue objeto de una “polémica” ante un intento de despojo.

“Acompañamos a la Fiscalía en esta causa penal por invasión de inmuebles con todos los documentos que nos solicitaron. La finca 916 es propiedad del Ministerio de Defensa”, expresó María Carmen Cardozo, directora interina de la Asesoría Jurídica del Indert.

Asimismo, indicó que hay “expedientes de grandes tenores” que tienen entre 600 hojas y forman parte del procedimiento administrativo del inmueble, más conocido como “Jardines de Remansito”.

La doctora María Carmen Cardozo, directora general interina de la Asesoría Jurídica del Indert.
La doctora María Carmen Cardozo, directora general interina de la Asesoría Jurídica del Indert.

También resaltó que el Indert “ya se había apartado” de este caso y también reiteró que las tierras que forman parte de la finca tampoco pertenecen al Instituto Nacional.

Finca 916: Fiscalía lleva antecedentes

Por su parte, Blanca Arana, directora Jurídica del Indert en el Chaco, confirmó que la Fiscalía “va a llevar todos los antecedentes” del caso de la finca 916.

Blanca Arana, directora Jurídica del Indert en zona del Chaco.
Blanca Arana, directora Jurídica del Indert en zona del Chaco.

En el decreto del 2002 se pretendía legalizar una ocupación; básicamente traficaban con la tierra”, detalló.

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