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En ese sentido, los ministros de la Corte Suprema de Justicia tendrán sesión ordinaria mañana y, en la misma, posiblemente resuelvan si se declara o no asueto ese 7 de diciembre. Los exgobernadores del departamento de Presidente Hayes Óscar Venancio Núñez Giménez, alias Ñoño; y su sucesor, Emigdio Osvaldo Benítez Ortiz, están enjuiciados por el desvío de la suma de G. 73.102.149.229 de la Gobernación del distrito chaqueño, entre los años 2008 y 2013.
El fiscal Luis Said solicitó al Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, integrado por las juezas Elsa García, como presidenta; Cándida Fleitas y Claudia Criscioni, penas de cárcel de 15 y 14 años para Óscar Núñez y Emigdio Benítez, respectivamente, además de la inhabilitación de los mismos para ejercer cargos públicos por 10 años.
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Según los alegatos finales del agente fiscal, en el juicio oral se probó que Ñoño Núñez –hermano de Bachi– cometió los hechos de lesión de confianza grave, administración en provecho propio y producción y uso de documentos públicos de contenido falso. En el caso de Benítez Ortiz, los hechos demostrados son la lesión de confianza grave y administración en provecho propio.
Para los exsecretarios de Administración y Finanzas Nancy Genoveva Núñez de Rousillón y Edulfo Antonio Verón Recalde, el agente del Ministerio Público solicitó que sean condenados a 13 años de prisión más 10 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos.
Por su parte, para Marlene Altemburger, quien se desempeñaba como asesora jurídica de la Gobernación, Said solicitó una sentencia a 5 años de cárcel por supuesta complicidad en la lesión de confianza; mientras que para Raúl Ernesto Delgado Torres (funcionario de Opaci), el agente fiscal pidió 9 años de pena privativa de libertad.
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Usaron dinero público para beneficio personal
En la última parte de sus alegatos conclusivos el fiscal Luis Said resaltó que ambos exgobernadores y los demás funcionarios de la institución utilizaron el dinero desviado para cuestiones personales, como pagos de préstamos, inversiones y combustible para campaña política.
En la última parte de sus alegatos finales el fiscal Luis Said solicitó al Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos que revoque la libertad ambulatoria y dicte la prisión preventiva de todos los encausados.
El agente del Ministerio Público alegó la petición en la existencia del peligro de fuga de los acusados, teniendo en cuenta que podrían ser condenados a fuertes penas carcelarias y que al inicio del presente proceso penal no se dictó ninguna medida privativa de libertad en contra de los mismos.
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