La acusación fue formulada por la firma Yvu Poty SA, representada por los abogados Horacio Peroni y Manuel Borgognon.
“Uno de los requisitos esenciales de las medidas cautelares radica en la “verosimilitud del derecho invocado” y en el presente juicio se hace pasar a un contrato privado, firmado entre terceros propietarios con “justo título”, dice la acusación.
El caso tiene como antecedente un laudo arbitral favorable a la firma Yvu Poty SA a la que, conforme al fallo se debía restituir bienes inmuebles, ubicados en el distrito de Cecilio Báez, por incumplimiento de contrato por parte, de la firma PABENSA S.A.
El fallo fue ratificado por la Cámara de Apelaciones y confirmado por la Corte Suprema de Justicia.
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Pero, según los acusadores, antes de que se ejecute la sentencia, apareció sorpresivamente una demanda de usucapión promovida por la empresa agropecuaria Guadajaón SA.
Los acusadores indican que esta firma está relacionada con PABENSA SA.
Pese a esta situación, el juez Franco dio trámite a la demanda en lo civil, motivo por el cual fue acusado ante el JEM.