El presidente de la República, Santiago Peña, firmó este lunes el decreto que reglamenta la Ley N.º 7408/2024, correspondiente al Presupuesto General de la Nación (PGN) 2025. De esta forma se establecen las normas y procedimientos necesarios para la ejecución del presupuesto que define el uso de los recursos del Estado durante este año.
A través de su cuenta oficial en X, el mandatario comunicó la promulgación y destacó el enfoque social del presupuesto.
“Hoy promulgué la reglamentación de la Ley N.º 7408/2024, que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2025. Un presupuesto que pone especial énfasis en la protección social de nuestros compatriotas más vulnerables para que ningún paraguayo quede atrás”, escribió Peña.
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Las cifras del PGN 2025
El PGN 2025 fue presentado originalmente por el Poder Ejecutivo el 30 de agosto de 2024, con un monto total de G. 132,8 billones (equivalentes a US$ 17.557 millones) y un déficit fiscal proyectado del 1,9% del Producto Interno Bruto (PIB). Tras un proceso de revisión legislativa, la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso modificó la propuesta inicial, elevándola a G. 132,9 billones (US$ 17.560 millones), monto que fue aprobado por la Cámara de Diputados.
Posteriormente, el Senado aumentó el presupuesto a más de G. 133,2 billones (US$ 17.599 millones). Finalmente, esta versión fue sancionada por la Cámara de Diputados, lo que resultó en un incremento de G. 320.850 millones (US$ 42,3 millones) con respecto al proyecto inicial.
El contenido del decreto reglamentario
La firma del decreto por parte del presidente Peña permite establecer las directrices técnicas y legales para la implementación del PGN 2025. Entre las principales disposiciones, se destacan:
- La integración del presupuesto al Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), que regula las finanzas del sector público.
- Procedimientos específicos para la administración de recursos humanos, contrataciones públicas y distribución de fondos a municipios y organizaciones sociales.
- Medidas de control y evaluación que aseguren la transparencia en la ejecución de los fondos.