Óscar Miguel Silvera Gallinar y Guido Benítez Segovia presentaron dos acciones contencioso-administrativas contra los decretos presidenciales N° 652/2023 y 609/2023. Mediante esos documentos, el presidente Santiago Peña dispuso a nuevos miembros del Comité de Administración del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Erssan).
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Los dos accionantes eran miembros de dicho Comité y tenían el mandato vigente cuando Peña designó vía decreto a nuevos integrantes en reemplazo de los mismos, según la argumentación.
En el caso de Silvera Gallinar, fue designado el 26 de setiembre del 2022 en representación de Opaci y debía ocupar el cargo por cinco años contados a partir de la fecha de su designación.
Por otra parte, Benítez Segovia era vicepresidente de dicha institución y su designación fue en la misma fecha. Por lo tanto, sus mandatos debían fenecer en setiembre del 2027, según argumentaron en la acción planteada y admitida por la Sala Penal.
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Ordenaron que se abonen salarios pendientes
Los magistrados María Celeste Jara Talavera, César Emilio Diesel y Edward Vittone Rojas resolvieron hacer lugar parcialmente a la presente acción planteada. Revocaron los dos decretos presidenciales y ordenaron reponer a ambos funcionarios en sus cargos.
Además, señalaron que se deben abonar los salarios básicos caídos desde la fecha de emisión del decreto presidencial hasta el efectivo cumplimiento del Acuerdo y Sentencia.
Los designados de Peña
En uno de los decretos que quedan sin efecto -mediante esta resolución de la Sala Penal- se designaba como miembro de Erssan, en representación de la OPACI, a Ricardo Arroyo Torres.
Mediante el otro decreto, Peña designó como vicepresidente del Comité a Julio Roque Santacruz Rejalaga.
Ambos directivos deberán dejar los cargos para la reposición de las autoridades accionantes.