Luego de que el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, intentara convencer a la ciudadanía de que no sabía nada sobre la renuncia del fiscal Guillermo Sanabria, habría dado otra orden ante la solicitud de los agentes fiscales César Alberto Sosa Ayala y Elba Cáceres Samudio para intervenir en la investigación a Mario Abdo Benítez y los exministros del Gobierno anterior.
Los fiscales César Alberto Sosa Ayala y Elba Cáceres Samudio forman parte de la Unidad Especializada en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Sosa fue asignado a partir del 25 de febrero como titular de la unidad que ocupaba Fabiola Molas, la cual -hasta esa misma fecha- estaba siendo interinada por Elba Cáceres.
Esta solicitud se da luego de la renuncia, esta mañana, del fiscal Guillermo Sanabria, quien se habría negado a firmar la acusación, según indicó la abogada Cecilia Pérez.
Fiscalía conformó equipo de trabajo a inicios de marzo
El pasado 4 de marzo, la Fiscalía resolvió conformar un nuevo equipo de trabajo integrado con los agentes fiscales de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado, Elba Cáceres, Guillermo Sanabria y César Sosa, a los efectos de intervenir y proseguir con el ejercicio de la acción legal en la causa penal Nº 6.898/2023 caratulada: “Carlos Adolfo Arregui y otros s/ revelación de secretos de servicios y otros”, con las atribuciones propias del cargo, según las consideraciones que anteceden.
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Vence el plazo
Mañana, martes 11 de marzo, se cumple un año de que el expresidente de la República Mario Abdo Benítez y otros ocho exfuncionarios de su gobierno fueron imputados por varios delitos y vence la prórroga de seis meses que concedió un tribunal a la Fiscalía para que presente su requerimiento conclusivo, ya sea acusando o pidiendo el sobreseimiento (provisional o definitivo) de los procesados.
La causa se abrió con base en una denuncia del también exmandatario y actual titular del Partido Colorado, Horacio Cartes, quien señaló a este grupo como supuesto responsable de que el Gobierno de los Estados Unidos de América lo declarase “significativamente corrupto” y le impusiera sanciones económicas.