La jueza Marta Acosta, integrante de la Cámara de Apelaciones de Ciudad del Este, explicó los fundamentos que llevaron al levantamiento de la orden de detención preventiva contra el abogado Walter Acosta, imputado por agredir a una funcionaria del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN).
La magistrada reconoció la indignación pública que generó el fallo, pero defendió la decisión con base en la legislación vigente.
“Yo también cuando vi el caso me sentí indignada, pero soy juez y tengo que aplicar la norma”, afirmó.
Acosta explicó que la defensa del abogado presentó un recurso de apelación, argumentando que la orden de detención en su contra era infundada, ya que no se le permitió presentarse voluntariamente ante la justicia antes de dictarse la medida. Además, la imputación incluía delitos con baja expectativa de pena, lo que, según el Código Procesal Penal, no justificaba la prisión preventiva.
“La norma establece que antes de aplicar una medida cautelar, el imputado puede solicitar ser eximido de la detención para someterse al proceso judicial”, indicó la jueza, citando el artículo 249 del Código Procesal Penal.
La resolución del tribunal ordenó que Walter Acosta se presente ante el juez de garantías en una audiencia donde se determinará si se le aplican medidas alternativas o prisión preventiva.
“Lo que se busca es la regularidad del proceso. Si no comparece, se le declarará en rebeldía nuevamente”, sostuvo la magistrada.
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Resolución se ajustó a derecho, según jueza
La decisión del tribunal fue duramente cuestionada por la ciudadanía y por sectores del ámbito judicial, que señalan un trato desigual en la aplicación de la ley. Sin embargo, la jueza insistió en que su fallo se ajustó a derecho y que cada caso debe ser analizado individualmente.