La Corte Suprema de Justicia (CSJ) podría aprobar esta semana dos acordadas propuestas con motivo de la crisis generada por el escándalo de la “mafia de los pagarés”.
Una de ellas tiene el propósito de “blindar” al pagaré para evitar su utilización en más de un juicio.
“El proyecto propone lo siguiente: en caso de presentaciones electrónicas a través del portal de gestión electrónica de las partes se propone establecer algunos requisitos, incluir algunos datos muy concretos en el portal, para que ahí sí ya no se pueda utilizar ese pagaré en otro juicio ejecutivo”, explicó el ministro Víctor Ríos Ojeda.
Para los juicios en que el expediente aún se tramitan en formato papel, se estudia la posibilidad de aplicar un sello al pagaré.
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“(...) los pagarés originales depositados en los juzgados, con todo lo que implica, que en los juzgados se selle el pagaré una vez presentado y con eso, ese pagaré se mantiene la circulación, que se pueda mover en la economía. por lo tanto, lo que se garantiza con eso es que no sea utilizado nuevamente en otro proceso judicial pero puede ser negociado nuevamente, que esté en el circuito comercial”, explicó Ríos.
CSJ habilitará registro de denuncias contra la mafia de los pagarés
La otra acordada, propuesta por los ministros Víctor Ríos y Manuel Ramírez Candia, en estudio tiene el objetivo de habilitar un registro de denuncias, que permita la inmediata intervención de la Dirección de Auditoría de Gestión Jurisdiccional para verificar las irregularidades denunciadas.
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Paralelamente, la Corte trabaja en una propuesta de modificación normativa para corregir las lagunas que posibilitaron las irregularidades detectas en los casos denunciados. Se trata de una iniciativa del ministro de la sala civil y comercial Eugenio Jiménez Rolón quien se encuentra abocado a la elaboración del proyecto.
Registro de víctimas ya tiene a unos 2.000 inscriptos
A menos de un mes de la creación del registro de víctimas de la mafia de los pagarés, unas 2.000 personas ya se han inscripto. Docentes, enfermeras, militares y policías, tanto en situación activa como jubilados, son los principales afectados por este esquema de estafa.
La abogada Diana Vargas, una de las profesionales que se encargan de asesorar a las víctimas, explicó que muchas otras no pudieron registrarse por no contar con información sobre el embargo, como carátula del expediente y juzgado en el que se tramita.
Por esta razón, previamente a la inscripción las víctimas son orientadas para realizan las averiguaciones en las instituciones involucradas para precisar los datos básicos necesarios para la ubicación del expediente.
Por esta razón, previamente a la inscripción las víctimas son orientadas para realizar las averiguaciones en las instituciones involucradas para precisar los datos básicos necesarios para la ubicación del expediente.
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“Justamente eso es lo que obstaculiza que puedan defenderse al no tener información, sumado a que generalmente son en distintos juzgados y muy distantes de sus domicilios. Incluso dificulta que acceda a defensores en distintas ciudades y sobrellevar toda la burocracia que significa acceder a esos servicios”, explicó Vargas.
Las principales irregularidades detectadas
La verificación de 1.500 casos registrados en el Registro de Víctimas de la mafia de los pagarés habilitado por el senador Rafael Filizzola arrojó una serie de irregularidades.
La mayoría de los afectados tienen más de un juicio civil con embargos, algunos ya cancelados. Los afectados no fueron notificados y no reconocen la deuda (generalmente deudas saldadas).
En su mayoría tienen más de un embargo en distintas ciudades distantes de su domicilio y para requerir asistencia de la Defensa Pública tendrían qué ir a cada ciudad a solicitar y además en ocasiones se trata de un mismo pagaré.
El defensor adjunto dijo que le tomarían en cualquier sede pero hay reportes de afectados de que no es lo que ocurre.
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La abogada Diana Vargas comentó que la misma situación se da con Fiscalía. Esto debido a que las víctimas tienen que ir a las unidades de cada ciudad, debido a que la Unidad Especializada en Delitos Económicos solo toma los casos que corresponden a los juzgados de la capital.
“Ante esta situación extraordinaria podemos pedir medidas extraordinarias a las instituciones, puesto que sirvieron a la mafia sin ninguna formalidad”, agregó.