La colonia Andrés Barbero, una de las zonas rurales más productivas del distrito de San Pedro de Ycuamandyyú, fue escenario de una prolongada disputa por la tenencia legal de la tierra.
Más de 30 años de ocupación pacífica, con escuelas, caminos, puestos de salud y una comunidad organizada, contrastaban con la falta de documentación legal para sus habitantes.
El inmueble de más de 17.000 hectáreas pertenecía originalmente al filántropo Andrés Barbero, quien pidió que tras su muerte se donaran las tierras a Italia para que fueran destinadas a un albergue. La donación fue aceptada en 1951, cuando la Constitución Nacional permitía dicho acto, aunque recién se formalizó décadas después, ya bajo la Carta Magna de 1967, que prohibía la tenencia de inmuebles por parte de gobiernos extranjeros.
En 2012, mediante un acuerdo diplomático, el Gobierno de Italia devolvió el inmueble al Estado paraguayo, con el compromiso de que se utilizara en beneficio de las familias que ya residían allí. Sin embargo, ese fue apenas el comienzo de otra serie de trabas jurídicas, conflictos por mensuras y acusaciones de usurpación de tierras entre pobladores y ganaderos.
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Regularización del Indert
El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) es el organismo responsable de iniciar el proceso de regularización. Según su director en San Pedro, Wilson Borja, ya se inscribieron 14.090 hectáreas a nombre del Estado, y actualmente se está trabajando en la adjudicación individual a los ocupantes, de acuerdo con el relevamiento de datos.
Cada beneficiario abonará el 3% del valor total de su parcela, cuyo precio base es de G. 1.500.000 por hectárea, para poder acceder a su título de propiedad. El proceso incluye la adjudicación, el pago correspondiente y, finalmente, la entrega formal del título.
Hasta el momento, 281 ocupantes fueron adjudicados, y esta semana se entregarán los primeros 66 títulos de propiedad, en lo que se considera un paso histórico para esta comunidad.
La colonia Andrés Barbero, “colonia italiana”, ha sido durante años un símbolo de abandono estatal, manipulación política y lucha comunitaria por el derecho a la tierra. La regularización iniciada representa el cierre de una etapa marcada por divisiones y conflictos, y el inicio de un proceso que reconoce el arraigo y el trabajo de quienes la habitan desde hace décadas.
A pesar de los avances, persisten reclamos por las 3.000 hectáreas restantes, ya que el título original hablaba de 17.343 hectáreas, mientras que la mensura actual solo registró algo más de 14.000. Algunos grupos sostienen que parte de estas tierras estarían en manos de grandes ganaderos y exigen una revisión exhaustiva.
No obstante, la entrega de títulos representa una victoria social histórica, y deja atrás una época de promesas incumplidas, trámites burocráticos y tensiones sociales.