Con la presentación de una caución real de un inmueble situado en Itacurubí del Rosario ofrecida por Pastor Soria, exministro del Senave, imputado por un presunto esquema de extorsión y coima para el otorgamiento de Afidi, el juez penal de garantías especializado en delitos económicos, Rodrigo Estigarribia, otorgó medidas alternativas a la prisión al procesado.
Las medidas cautelares establecidas son comparecer de forma trimestral ante el juzgado para firmar el libro de comparecencia correspondiente; darse por notificado de las audiencias o citaciones que se fijen en la presente causa; comunicar el cambio de domicilio o número telefónico; prohibición de salir del país sin autorización del juzgado; comunicarse con la denunciante o víctimas del hecho y la intimación de que en el plazo de 20 días hábiles presente el informe de condiciones de dominio, como así también la tasación respectiva del inmueble ofrecido.
De acuerdo a la resolución del juez, todas estas medidas se establecen bajo apercibimiento de que sean revocadas en caso de incumplimiento de cualquier de las mismas.
Los hechos imputados en contra de Pastor Soria son cohecho pasivo (coima), cohecho pasivo agravado, asociación criminal, lavado de dinero en calidad de autor y extorsión en calidad de cómplice.
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Imputación contra Pastor Soria
Según la imputación fiscal, dirigida por la agente Yeimy Adle, el caso refiere a una operación para la expedición de la Afidi, documento emitido por Senave cuyo costo es de G. 17.715; sin embargo, la acusación indica que los importadores eran obligados a pagar coimas que oscilaban entre G. 5 y 10 millones por cada certificado y con casos de pagos de hasta G. 80 millones.
La carpeta fiscal indica que la extorsión se fundamentaba en las demoras injustificadas en Puerto Falcón, en donde los funcionarios identificaban en el sistema de Ventanilla Única de Importación a los comerciantes que solicitaban las Afidi.
De acuerdo a la investigación fiscal, Pastor Soria lideraba la estructura presionando a los importadores que se desesperaban por las demoras en el puesto fronterizo, ya que con los productos expuestos a altas temperaturas podían echarse a perder. Para concretar la operación, los funcionarios indicaban a los comerciantes que debían realizar depósitos la cuenta de Plinio Gamarra Morel, quien realizaba a Soria millonarias transferencias de dinero.
Tras estos pagos ilegales, autorizaban inmediatamente las Afidi, según la acusación fiscal.
Los demás procesados son Roberto Cárdenas Ramírez, ex intendente de Lambaré; Miguel Ángel Báez Soria, secretario general del Senave; Martín Luiz María Lezcano Villalba, jefe de Gabinete; Sergio Rodríguez, Herminio David Batte y Juan José Lezcano del Puerto, funcionarios de menor rango en la institución; Plinio Gamarra Morel, Ramona Ysabel Arce, Eladio Figueredo y Víctor Leiva, estos últimos sindicados como “cobradores externos”.