Desde esta noche los vecinos del barrio Resistencia de la ciudad de San Ignacio, Misiones, están iniciando una manifestación permanente tras no tener una solución para el traslado de la construcción de la planta de tratamiento de residuos cloacales.
Dicha obra está proyectada en el predio de la exmatadería municipal, ubicado en el barrio, y enmarcada dentro del proyecto de construcción de alcantarillado sanitario, planta de tratamiento de residuos y mejoramiento del sistema de agua potable, obra del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
El presidente de la comisión vecinal, Catalino Jacquet, pidió a las autoridades locales que escuchen este clamor que están teniendo y vean con la empresa la posibilidad de buscar otro sitio para llevar la planta de tratamiento a un lugar que no afecte a la población.
“Pido a la intendenta, Cristina Ayala, y a los 12 concejales municipales que nos puedan escuchar y buscar otro lugar para llevar la construcción de la planta de tratamiento de residuos en un lugar que no afecte a la salud de la población”, dijo.
“Ahora iniciamos una manifestación permanente en el portón de acceso de la exmatadería municipal defendiendo a nuestra familia, a nuestro barrio. Estamos viendo que los ingenieros están ingresando al lugar, pero cuando vengan las maquinarias no vamos a permitir que ingresen. Inclusive algunas vecinas amenazan con encadenarse por el portón”, agregó.
De igual manera, otra de las vecinas del lugar, Eusebia Mereles, manifestó que hasta la última consecuencia estarán con el rechazo de esta planta de tratamiento y cualquier cosa que pueda suceder será responsabilidad de la intendenta y de los 12 concejales, ya que nunca mostraron apertura para buscar una solución a esta problemática.
También anunciaron que, a través de profesionales del derecho, estarán presentando un recurso de amparo contra una resolución que afecta a los derechos fundamentales de los vecinos del barrio Resistencia.
La construcción del alcantarillado sanitario es para el beneficio de la salud de esta comunidad de San Ignacio, según el objetivo de este proyecto.
La obra demandaría una inversión de 14 millones de dólares, provenientes del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el encargado de estos trabajos es el Consorcio Rovella - Tocsa.