Este viernes, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura presentó esta semana un informe estadístico de la situación general del sistema penitenciario paraguayo y las personas privadas de su libertad, que revela la persistencia y magnitud del problema de la sobrepoblación en los establecimientos penitenciarios en parte debido al uso desmedido de la prisión preventiva para personas sin condena firme.
Orlando Castillo, comisionado del Mecanismo de Prevención de la Tortura, dijo que “sigue siendo preocupante la utilización de la prisión preventiva como primera forma de ejercicio del Poder Judicial hacia las personas”.
El informe indica que el 61,6 por ciento de todas las personas de sexo masculino en prisión en Paraguay hasta agosto de este año (unas 11.319 personas) estaban procesadas y aún sin condena, frente a un 38,4 por ciento (7.067 personas) condenadas.
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La consecuencia directa de ese uso liberal de la prisión preventiva, según explicó Castillo, es hacinamiento en las cárceles del país, algunas de las cuales registran una sobrepoblación de hasta 1.000 por ciento.
Eso resulta en que, en algunas cárceles, decenas de personas sean albergadas en celdas con capacidad máxima para tres o cuatro, lo que además facilita el contagio de enfermedades.
“Desarraigo” de procesados
Otro problema que se registra es el del “desarraigo” de personas procesadas que son trasladadas a prisiones ubicadas lejos de sus lugares de origen, lo que facilita que pierdan el contacto no solo con sus familias, sino también con sus abogados y los jueces a cargo de sus casos.
Eso ralentiza los procesos y puede causar que una persona que debería estar en prisión por un periodo de meses acabe encerrada durante años.
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Además, Castillo argumentó que ese desarraigo y contexto de difícil acceso a las garantías procesales que el sistema judicial debe brindar hace que los procesados se vean obligados a “buscar la forma de sobrevivir” tras las rejas y facilita que sean reclutados por organizaciones criminales con presencia en el sistema penitenciario.
El representante del Mecanismo de Prevención de la Tortura agregó que el Ministerio de Justicia carece de un sistema de seguimiento, control y acompañamiento de personas beneficiadas con medidas alternativas a la prisión como el arresto domiciliario.
“No debería controlar solo la Policía, debería haber un equipo de ejecución con psicólogos, trabajadores sociales y abogados que acompañen el proceso, controlen el cumplimiento y establezcan programas personalizados de reinserción”, dijo.