Ciberseguridad y el reto de la asimetría regulatoria

Empresas locales del sector tecnológico desarrollan soluciones que combinan conectividad, sensorización y monitoreo remoto para resguardar bienes e infraestructura.
Uno de los principales desafíos identificados por los participantes del seminario es la urgencia de modernizar la legislación que rige las telecomunicaciones en Paraguay.

Los vertiginosos avances tecnológicos colisionan con marcos normativos asimétricos y desactualizados. Esto representa, de alguna manera, un cortapisa en los esfuerzos por asegurar el ecosistema tecnológicos frente a los ciberataques y dificulta el desarrollo de la operativa referida a la ciberseguridad.

Estas y otras fueron las principales conclusiones del evento denominado “Un futuro digital seguro para el Paraguay” y organizado por la South School on Internet Governance (SSIG), realizado en Asunción y que abordó la gobernanza en ciberseguridad.

Expertos, reguladores y el sector privado se reunieron en nuestra capital para debatir el futuro digital de Paraguay, destacando que la rápida evolución tecnológica choca con marcos normativos desactualizados y asimétricos, una situación que amenaza tanto la inversión en infraestructura como la seguridad de los usuarios.

Adrian Carballo, Director y Co-Fundador de la South School on Internet Governance; Klaus Pistilli, Viceministro
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación MITIC; Olga Cavalli, Directora y Co-Fundadora de la South School on Internet Governance y Ángel González Mongelós
Jefe. Dpto. Internacional de CONATEL.
Adrián Carballo, Director y Co-Fundador de la South School on Internet Governance; Klaus Pistilli, Viceministro del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación MITIC; Olga Cavalli, Directora y Co-Fundadora de la South School on Internet Governance y Ángel González Mongelós Jefe. Dpto. Internacional de CONATEL.

El evento, denominado “Un futuro digital seguro para el Paraguay” y organizado por la South School on Internet Governance (SSIG), celebrado el 16 de diciembre de 2025 en el Hotel La Misión, puso de relieve que la clave para sortear estos obstáculos reside en reemplazar leyes obsoletas por regulaciones inteligentes y colaborativas.

Uno de los principales desafíos identificados por los participantes del seminario es la urgencia de modernizar la legislación que rige las telecomunicaciones en Paraguay. La Ley de Telecomunicaciones vigente, que sirve como marco para la prestación de servicios, fue creada en 1995, una época tecnológicamente muy diferente donde apenas se contaba con tecnología 2G en algunas zonas del país.

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Esta ley arcaica presenta varios problemas estructurales, como el otorgamiento de licencias basadas en servicios específicos (requiriendo una licencia distinta para cable de distribución, acceso a internet o telefonía móvil), y plazos de licencia extremadamente cortos (de 5 o 10 años).

Estos plazos reducidos no brindan la seguridad jurídica necesaria para atraer inversiones a largo plazo y de gran envergadura, como las requeridas para el despliegue de 5G, destacaron los expertos de la última mesa redonda del evento.

Entre ellos se encontraban Alfredo Vitas (Technology & Strategic Engagement Manager), Carina Birarda (Ciso Securinate Tech Solutions), Francisco Casaccia (Conatel) moderados por Olga Cavalli, directora y co-Fundadora de la South School on Internet Governance (SSIG), liderado a su vez por Adrián Carballo, director y Co-Fundador de la South School on Internet Governance

Cargas regulatorias y la descoordinación municipal

Asimismo se evidencio que la ley genera una importante asimetría regulatoria: mientras que los prestadores de servicios de telecomunicaciones tradicionales están sujetos a todas las cargas regulatorias (calidad de servicio, interconexión, reportes al regulador), los prestadores de servicios digitales basados en internet (como WhatsApp o Netflix) quedan fuera de esta regulación, sin condiciones de calidad ni interconexión, y sin tener que rendir cuentas al regulador.

Esto resulta en que el 100% de las cargas regulatorias recaen sobre los prestadores tradicionales, mientras que estos últimos no disfrutan del 100% de las ganancias, ya que su tráfico es utilizado por aplicaciones que no son de ellos.

Olga Cavalli, directora de la South School on Internet Governance (SSIG), Carina Birarda (Ciso Securinate Tech Solutions), Francisco Casaccia (Conatel) y Alfredo Vitas (Technology & Strategic Engagement Manager), durante el evento.
Olga Cavalli, directora de la South School on Internet Governance (SSIG), Carina Birarda (Ciso Securinate Tech Solutions), Francisco Casaccia (Conatel) y Alfredo Vitas (Technology & Strategic Engagement Manager), durante el evento.

Otro obstáculo crucial para la expansión y modernización de la infraestructura digital es la falta de coherencia en las normativas municipales. En Paraguay, la coordinación interinstitucional sigue siendo un desafío, ya que existen reglas distintas en diferentes municipios del país respecto al despliegue de redes de antenas o de fibra óptica.

Esta situación se agrava por el hecho de que las tasas o montos que se abonan por el uso de infraestructura varían de un municipio a otro. La ausencia de una regla coherente hace que sea bastante complicado para los prestadores de servicios establecer sus planes de negocio y despliegue.

Ciberdefensa

El evento también abordó la necesidad de fortalecer los sistemas de defensa y la capacidad de respuesta ante incidentes de ciberseguridad a gran escala. La discusión subrayó que es crucial aumentar las capacidades digitales tanto de los usuarios como del Estado, dado que si el Estado carece de estas capacidades, no puede establecer regulaciones claras y coherentes para proteger al usuario.

En este contexto, la preparación implica un cambio de enfoque: pasar del área reactiva al área estratégica de la ciberseguridad, asegurando que la seguridad participe desde la viabilidad de un producto digital. Para responder eficazmente a incidentes, es fundamental que tanto el sector público como el privado garanticen una coordinación real y una interoperabilidad técnica para compartir información fidedigna, como los indicadores de compromiso.

Desde la perspectiva estatal, el desafío consiste en diseñar un proceso que permita diversificar la carga de responsabilidad para lograr un ecosistema seguro e innovador, en lugar de descargar toda la responsabilidad sobre un solo sector.

Adicionalmente, se destacó la necesidad de invertir en la capacidad humana, mediante la capacitación continua y la implementación de estrategias para retener a los equipos entrenados en ciberseguridad, ya que la superficie de ataque se extiende constantemente.

Finalmente, los expertos concluyeron que para lograr la confianza del público, es necesario contar con una reglamentación clara en materia de privacidad de datos personales y la implementación de una regulación inteligente y flexible, que sustituya el modelo rígido de control por uno más colaborativo.

La misión de la Escuela del Sur de Gobernanza de Internet es la de aumentar la representatividad de la región de Latinoamérica y Caribe en espacios donde se debate y define la Gobernanza de Internet.