En la comunidad de Tava Guaraní, distrito de Santa Rosa del Aguaray, la asamblea se realizará este sábado en horas de la mañana y reunirá a dirigentes y bases campesinas de distintos puntos del departamento. Según adelantaron, el objetivo es redoblar la lucha por las tierras, articular una convocatoria nacional para sumar el respaldo de organizaciones sociales y coordinar movilizaciones callejeras, principalmente en Santa Rosa del Aguaray.
El dirigente Elvio Benítez, quien cuenta con orden de captura y asegura haber participado del enfrentamiento antes de retirarse del lugar, señaló que en una primera reunión se evaluaron los heridos, los vehículos incautados y la situación de los detenidos. En esta segunda asamblea, indicó, se definirán acciones más contundentes ante el revés judicial en el pedido de libertad de los procesados.
Amenazan con protestas durante las fiestas
Benítez adelantó que, si sus compañeros pasan la Navidad en la cárcel, los campesinos se mantendrán en las rutas y advirtió que policías, fiscales y jueces también deberán trabajar durante las fiestas, como parte de la medida de presión que será planteada en la asamblea.
Recordó además que, en la asamblea anterior, “por unanimidad” resolvieron mantener el reclamo por las tierras de Lusipar y ampliar la exigencia.“No solo pedimos 11.000 hectáreas, sino todas las tierras administradas por Senabico, que superan las 100.000 hectáreas”, afirmó.
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Recaudación de fondos
Los dirigentes también realizaron actividades solidarias, como torneos de truco, colectas y ventas de comidas, para asistir a los campesinos encarcelados y reparar los vehículos dañados durante el operativo policial.
El caso
En un mensaje difundido desde la clandestinidad, Benítez había advertido que en el conflicto por Lusipar “se rompió la pelota” y que la lucha sería más fuerte. Acusó al Gobierno de criminalizar la protesta campesina y recordó que, de las 138.000 hectáreas administradas por Senabico, el movimiento reclama un lote específico de 11.000 hectáreas, actualmente arrendadas a privados.
Detenidos y situación carcelaria
Tras el intento de invasión, 29 personas fueron procesadas, de las cuales 27 fueron enviadas a la cárcel regional de San Pedro, que alberga 1.500 reclusos pese a tener capacidad para 1.000.Uno de los procesados cumple arresto domiciliario por su avanzada edad, mientras otro, un funcionario del Ministerio de Justicia, permanece internado bajo custodia policial.
Los cargos imputados incluyen invasión de inmueble ajeno, perturbación de la paz pública, resistencia, incitación a cometer hechos punibles, daños y tentativa de homicidio doloso.
Cómo ocurrió el enfrentamiento
Una caravana de unas 50 unidades partió desde Santa Rosa del Aguaray rumbo a la estancia Lusipar, específicamente al establecimiento Toro Vevé. Pese a la presencia de más de 800 policías, los manifestantes derribaron el portón e ingresaron al predio.
En un segundo retén se produjo el enfrentamiento directo, que dejó como saldo:
- Dos policías heridos por arma de fuego
- Varios campesinos lesionados
- Vehículos policiales dañados, entre ellos una Hyundai Tucson, un ómnibus y una Hyundai Santa Fe
- 32 vehículos retenidos, puestos a disposición de Criminalística
Antecedentes del conflicto
La estancia Lusipar, con una superficie de 11.000 hectáreas, forma parte de los bienes incautados al narcotraficante Luis Carlos da Rocha, alias “Cabeça Branca”, y se encuentra bajo administración de Senabico. Su arrendamiento a privados motivó el reclamo campesino, que exige la donación de las tierras para fines de reforma agraria.
Las tensiones en la zona se venían intensificando por denuncias de una posible invasión masiva y por detenciones ordenadas previamente por la Fiscalía.