Como resultado de un juicio oral y público, el Tribunal dictó sentencia condenatoria contra Pablo Eduardo Suárez Celabe, imponiéndole una pena de cuatro años y nueve meses de privación de libertad. Asimismo, María José Arce Odone fue condenada a la pena de dos años, con suspensión de la ejecución de la condena.
Además, el Tribunal dispuso que Pablo Eduardo Suárez Celabe deberá presentar caución real dentro del plazo máximo de tres días hábiles, bajo apercibimiento de revocarse la medida actualmente vigente en caso de incumplimiento.
Durante el desarrollo del juicio, se acreditó que los condenados, actuando en representación de una sociedad comercial, indujeron a error a las víctimas, que realizaron importantes disposiciones patrimoniales bajo la promesa de construcción y entrega de departamentos que no fueron cumplidas, ocasionándoles un grave perjuicio económico.
La agente fiscal Daisy Teresa Sánchez Delgado, de la Unidad Penal n.º 13 de Asunción, fue quien logró la sentencia condenatoria ante un Tribunal de Sentencia de la Capital, en el marco del proceso penal seguido contra Pablo Eduardo Suárez Celabe y María José Arce Odone, por la comisión del hecho punible de estafa, previsto en el artículo 187, inciso 1.º, en concordancia con el artículo 29, inciso 1.º, del Código Penal.
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La acusación del Ministerio Público fue acompañada por las querellas adhesivas promovidas por Juan Manuel Salgueiro Silva y Rodrigo Martín Muñoz Salomón, víctimas de las maniobras defraudatorias vinculadas al proyecto inmobiliario denominado Cibera Park.
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Los hechos se remontan al 20 de enero de 2015, cuando los ahora condenados, en representación de una empresa inmobiliaria, comercializaron departamentos en pozo correspondientes al proyecto Cibera Park, comprometiéndose a la construcción y entrega de las unidades en plazos previamente establecidos, indican desde la Fiscalía.
Las víctimas realizaron pagos de elevadas sumas de dinero confiando en dichas promesas, lo que derivó en un perjuicio patrimonial total de seiscientos dieciséis mil ochocientos dólares americanos.
No obstante, la obra no fue ejecutada dentro de los plazos acordados y, posteriormente, el inmueble donde debía desarrollarse el proyecto fue vendido y transferido a otra sociedad, sin que las víctimas tuvieran conocimiento de que la misma propiedad adquirida en el año 2015 fue nuevamente comercializada en el año 2019.
Estas maniobras fueron consideradas por el Tribunal como una conducta dolosa, orientada a la obtención de un beneficio patrimonial indebido, configurándose de esta manera el hecho punible de estafa.