La movilización fue decidida en una denominada asamblea popular, realizada el sábado último en la comunidad de Tava Guaraní, donde supuestos campesinos sin tierra debatieron los hechos ocurridos durante el intento de invasión de la estancia Lusipar, administrada por la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).
Un grupo de manifestantes se concentra frente a la sede fiscal y judicial, en una protesta que se desarrolla de forma pacífica, aunque bajo un fuerte despliegue policial, con apoyo de la Patrulla Caminera para el ordenamiento del tránsito.
El abogado Víctor Sanguina, defensor de los campesinos detenidos, explicó que mediante un recurso de revisión solicitan la aplicación de medidas sustitutivas a la prisión preventiva para los encarcelados, así como la devolución de todos los bienes incautados. Asimismo, responsabilizó al Ministerio del Interior por el enfrentamiento registrado entre policías y campesinos.
Por su parte, Menelio Giménez, uno de los líderes campesinos, afirmó que la movilización busca la libertad de sus compañeros y aseguró que se encuentran reorganizando bases en distintos puntos del departamento y del país, con el objetivo de volver “con más fuerza” para resistir y luchar nuevamente por las tierras de Lusipar.
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Durante la asamblea del sábado, los dirigentes resolvieron además aglutinar fuerzas y preparar un nuevo intento de invasión de las tierras, advirtiendo que deben estar listos para eventuales enfrentamientos y acciones de resistencia, hasta lograr que la estancia quede en manos de campesinos.
Los manifestantes exigen la libertad de los 17 campesinos que continúan recluidos en la cárcel regional de San Pedro, recordando que 12 de los procesados fueron beneficiados el viernes último con medidas sustitutivas a la prisión. También reclaman la devolución de 32 vehículos y herramientas retenidos tras el enfrentamiento.
Antecedentes del caso y situación procesal
Un total de 29 campesinos fueron imputados por los hechos, bajo cargos de invasión de inmueble ajeno, perturbación de la paz pública, resistencia, incitación a cometer hechos punibles, daños y tentativa de homicidio doloso. De ellos, 27 fueron trasladados inicialmente a la sobrepoblada cárcel regional de San Pedro; un adulto mayor obtuvo arresto domiciliario, mientras que otro imputado permanece con prisión preventiva hospitalaria debido a las heridas sufridas.
El conflicto se desató cuando una caravana de aproximadamente 50 vehículos derribó el portón de la estancia Lusipar (lote Toro Vevé), pese a la presencia de más de 800 efectivos policiales. El enfrentamiento dejó como saldo dos policías heridos por arma de fuego, varios campesinos lesionados y vehículos policiales dañados, además de la retención de 32 vehículos pertenecientes a los manifestantes.
La estancia Lusipar, con una superficie aproximada de 11.000 hectáreas, fue incautada al narcotraficante brasileño Luis Carlos da Rocha, alias Cabeça Branca, y se encuentra bajo administración de Senabico. Su arrendamiento a privados es el principal detonante del reclamo campesino, que exige que las tierras sean donadas para la reforma agraria.