Este miércoles 24 de diciembre, el Tribunal de Sentencias, presidido por Yolanda Morel e integrado por Ana Rodríguez y Karina Cáceres, resolvió condenar al ex fiscal Florencio Pereira Rodas a 3 años de pena privativa de libertad, y a su esposa Miryan Nancy Giménez de Pereira, a 2 años y 8 meses de encierro, por la comisión de lesión de confianza, en calidad de coautores, en perjuicio de pocoal Instituto Nacional de Desrrollo Rural y de la Tierra (Indert).
El Ministerio Público, en esta ocasión estuvo representado por los agentes fiscales Silvio Corbeta y Luz Guerrero, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), quienes sostuvieron a lo largo de las sesiones de debate la acusación presentada al cierre de la pesquisa.
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La investigación fiscal giró en torno a la sobrefacturación en proyectos de abastecimiento de agua potable, que fueron ejecutados en comunidades de los departamentos de San Pedro y Caaguazú. Los hechos se registraron durante la administración de Justo Cárdenas al frente del Indert.
La pesquisa que realizó el Ministerio Público vinculó a los hechos al fiscal, entonces del distrito de Choré (San Pedro) Florencio Pereira, por lo que fue imputado. Esto, posteriormente, derivó en la destitución del mismo como agente de la Fiscalía.
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En tanto que, Miryan Nancy Giménez de Pereira, como titular de la organización “Desde Abajo hacia el Desarrollo Íntegro Social (DADIS)”, había tramitado el financiamiento de proyectos de provisión de agua potable para Santa Rosa del Aguaray. El monto total aprobado fue de G. 1.532.590.052, desembolsado en dos pagos de G. 766.295.026 cada uno.
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Exfiscal y su esposa debían resguardar fondos
De acuerdo con los datos de la acusación fiscal, el 15 de abril de 2015, la docente jubilada Miryan Nancy Giménez de Pereira, como presidenta, y el entonces fiscal Florencio Pereira, como tesorero, de la organización “Desde Abajo hacia un Desarrollo Integro Social” (DADIS), solicitaron al Indert la financiación de proyectos de abastecimiento de agua potable destinados a las comunidades “Segunda Linea”, “Tercera Línea” (Agüerito), “3 de Febrero” y “10 de Agosto” del distrito de Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro.
El planteamiento fue aprobado por resolución Nº 2.250/15 del 14 de julio de 2015, lo suscribió el entonces presidente del Indert, Justo Pastor Cárdenas, por un monto de que ascendió a la suma total de G. 1.532.590.052.
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El 13 de agosto de 2015 se llevó a cabo la transferencia, correspondiente al 50% de los fondos totales a la DADIS, consistente en la suma de G. 766.295.026. Luego, el 27 de diciembre de 2016 se desembolsó el restante 50% del monto total del presupuesto, consistente en G. 766.295.026.
Tras el segundo desembolso, funcionarios del Fides-Indert verificaron las obras y constataron que los sistemas de abastecimiento de los asentamientos “Segunda Línea Agüerito”, “Tercera Línea Agüerito”, “3 de Febrero” y “10 de Agosto” de Santa Rosa, de San Pedro estaban incompletos, sin conexión domiciliaria y sin funcionar.
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Las pericias realizadas por el Ministerio Público detectaron daños patrimoniales y, en relación al asentamiento “3 de Febrero” se determinó una diferencia de G. 149.213.247; en relación a la “Segunda Línea Agüerito” se constató una diferencia de G. 105.216.424; en cuanto al sentamiento “Tercera Línea Agüerito” se señaló una diferencia de G. 214.080.890, y sobre el asentamiento “10 de Agosto”, una diferencia de G. 215.338.863, totalizando el perjuicio causado G. 683.849.514, resultante de las sumas entregadas.
Es así que, también durante el juicio oral y público, se concluyó que si bien las obras fueron realizadas, estas no se ejecutaron conforme a lo establecido en los proyectos, lo que ocasionó un daño patrimonial al Estado, configurándose así el hecho punible de lesión de confianza.
Otros investigados en la misma causa
En febrero de 2024, el fiscal Silvio Corbeta había acusado, junto a Florencio Pereira y Miryan Giménez, a Santiago Vicente Ochipinti Beterette (60), ex director del Fondo de Inversiones Rurales para el Desarrollo Sostenible (Fides) del Indert.
Igualmente a Abel Ricardo Florentín Serafini (32) y Arnaldo Andrés Riveros Paredes (34), presidente y tesorero, respectivamente, de la “Asociación de Voluntarios para los Servicios Voluntarios” (Asovservic).
Según la investigación fiscal, el Fondo de Inversiones Rurales para el Desarrollo Sostenible (Fides) del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) y las asociaciones “Asociación de Voluntarios para los servicios voluntarios) y la DADIS, firmaron convenios que ocasionaron un perjuicio de G. 418.522.196 al ente.