La reunión de este martes, encabezada por el senador Colym Soroka y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel, buscó desmenuzar las fallas del sistema que permitieron el uso de documentos adulterados para embargar salarios de miles de funcionarios públicos y ciudadanos particulares, conocido popularmente como “la mafia de los pagarés”.
El plenario contó con una presencia casi total de los ministros de la Corte. Junto a Diesel, estuvieron presentes Carolina Llanes y los ministros Luis María Benítez Riera, Manuel Ramírez Candia y Alberto Martínez Simón. Por su parte, Eugenio Jiménez Rolón participó de forma telemática.
Durante la exposición, los ministros presentaron un informe institucional que detalla varios puntos, como que se dejó fuera del sistema más de 35.000 expedientes irregulares.
Desde la implementación de la Acordada 1800/2025, las cifras revelan la magnitud del abuso procesal que imperaba en los juzgados de paz y civiles.
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De acuerdo con el documento, un total de 35.608 juicios fueron sacados del sistema o los embargos fueron embargados.
También se terminaron 14.810 juicios ejecutivos y se declararon caducos otros 10.530.
Se ordenó el levantamiento de 8.640 embargos sobre salarios, una de las armas principales del esquema para extorsionar a funcionarios públicos y empleados del sector privado.
La Corte dice también que de los 10 jueces sumariados, uno ya fue destituido, cuatro presentaron su renuncia y dos se encuentran suspendidos preventivamente.
Por su parte, los actuarios judiciales registran 22 sumarios, resultando en dos destituciones y nueve renuncias.
Oficiales de justica en caso “mafia de los pagarés”
En cuanto a los oficiales de justicia, 122 fueron sumariados, 11 recibieron casaciones de matrícula (sanción máxima, prohibición de ejercer) y 16 fueron suspendidos preventivamente.
“Más velocidad y tolerancia cero”
A pesar de la apertura de la Corte, el tono en el Poder Legislativo fue de exigencia. El senador Colym Soroka, en representación de la Comisión Permanente, fue tajante al solicitar mayor celeridad en las investigaciones.
“El ciudadano común no puede esperar los tiempos eternos de la burocracia mientras le vacían el sueldo. Necesitamos que la Corte sea implacable con los responsables internos”, señalaron desde la Comisión.
El debate también se centró en la necesidad de implementar un sistema digital de registro de pagarés que impida la duplicación de deudas y garantice la trazabilidad de los documentos financieros.
Puntos clave del conflicto
- Corte Suprema: presentó auditorías y propuso cambios normativos para blindar el sistema judicial.
- Congreso Nacional: exige sanciones ejemplares a jueces cómplices y urge la aprobación de leyes preventivas.
- Afectados: miles de trabajadores con salarios embargados mediante pagarés de contenido falso o ya cancelados.
Próximos pasos
La CSJ se comprometió a remitir un cronograma de actualizaciones sobre los procesos judiciales abiertos. Por su parte, el Congreso analizará de forma prioritaria los proyectos de ley sugeridos para modificar el Código Procesal Civil en lo relativo a los juicios ejecutivos.
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