Eran las 20:30 de la noche del 12 de febrero de 2020 cuando la violencia del crimen organizado irrumpió en la intimidad de un hogar. Mientras cenaba con su esposa, su hijo de 11 años y su suegro, el periodista Lourenço “Leo” Veras fue emboscado por tres sicarios que ingresaron a su vivienda en Pedro Juan Caballero.
Veras, un veterano comunicador brasileño especializado en la cobertura de mafias regionales a través de su portal Porã News, intentó huir al percatarse del ataque, pero fue perseguido y acribillado.
Recibió 12 disparos que terminaron con su vida ante la mirada de su familia, sumando su nombre a una trágica lista de 22 periodistas asesinados en Paraguay desde el inicio de la era democrática.
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Proceso judicial marcado por la sombra de la corrupción
A seis años del crimen, el caso es un emblema de la falta de justicia en el país. Aunque en un inicio se detuvo a Waldemar Pereira Rivas, alias Cachorrão, señalado como presunto cómplice y vinculado a facciones criminales como el PCC, la causa ha enfrentado múltiples reveses judiciales.
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- Absolución polémica: en noviembre de 2022, un tribunal absolvió a Pereira Rivas por “beneficio de la duda”, lo que generó un fuerte repudio de la Fiscalía de Paraguay y de organismos internacionales.
- Juicio anulado: aunque un Tribunal de Apelación anuló dicha sentencia en 2023 por considerar que hubo inconsistencias y falta de motivación legal, el sospechoso ya había sido liberado y el proceso sigue sin arrojar culpables sentenciados.
De los más de 20 crímenes contra la prensa registrados en el país, solo tres han logrado condenas firmes, lo que deja un índice de impunidad cercano al 80%.
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Hoy, la familia de Leo Veras no solo enfrenta el duelo, sino también la vulnerabilidad persistente en una zona donde informar sobre el narcotráfico sigue siendo una sentencia de muerte.
La ejecución de Veras no solo silenció una voz crítica en la frontera, sino que reafirmó que en Paraguay, el costo de la verdad sigue pagándose con sangre e impunidad.
A la CIDH ante la falta de justicia
Al cumplirse un nuevo aniversario, el Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA) y Media Defence presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la responsabilidad del Estado paraguayo por su muerte y la falta de debida diligencia en la investigación, procesamiento y condena de los autores materiales e intelectuales.
Media Defence e IDEA solicitaron a la CIDH que examine el caso a la luz de las obligaciones internacionales de Paraguay en materia de libertad de expresión y acceso a la justicia.
Paraguay se ubica actualmente en el puesto 84 de 180 países en el Índice Mundial de Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras y está entre los más afectados por el crimen organizado a nivel global.
Las y los periodistas que investigan redes criminales y corrupción política en áreas fronterizas siguen siendo objeto de amenazas, hostigamiento y ataques.