Entre las denunciantes se encuentra Mauren Coronel, quien afirmó que el proyecto impulsado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) habría comenzado sin contar con todas las habilitaciones ambientales exigidas por la normativa vigente, situación que según sostuvo genera incertidumbre en la comunidad.
“La preocupación principal es cómo se está avalando la destrucción de un ecosistema muy importante que tenemos en Areguá, que son los humedales del lago. No estamos en contra del progreso, pero sí queremos que se respeten las leyes y el ambiente”, manifestó Coronel.
Según relató, los documentos ambientales del proyecto habrían sido puestos a disposición de la ciudadanía recién cuando los trabajos ya estaban en marcha, lo que a su criterio limita la participación y el control ciudadano.
“Cuando finalmente pudimos acceder a la información, las máquinas ya estaban trabajando. Eso nos preocupa porque sentimos que el proceso se hizo al revés”, cuestionó.
El proyecto vial forma parte de una Alianza Público-Privada ejecutada por la concesionaria Rutas del Este S.A., con financiamiento cercano a los USD 300 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y contempla intervenciones en varios municipios de los departamentos Central y Cordillera para mejorar la conectividad entre Asunción, Ypacaraí y San Bernardino.
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Cuestionamientos ambientales y legales
De acuerdo con lo denunciado, las obras se habrían iniciado el 9 de enero de 2026 sin que los lotes contaran con Declaración de Impacto Ambiental (DIA) aprobada de manera individual, requisito establecido por la Ley N° 294/1993. Si bien el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) otorgó una autorización general en noviembre de 2025, la misma estaba condicionada a estudios específicos por cada tramo.
Uno de los puntos más sensibles es el Lote 2, que atraviesa la Reserva de Recursos Manejados del Lago Ypacaraí, considerada un área protegida por ley. Los pobladores temen que las intervenciones puedan afectar humedales, biodiversidad y el equilibrio ecológico de la zona.
Coronel también mencionó que existen inquietudes sobre la cantidad de árboles que serían removidos, la presencia de especies de fauna en situación de amenaza y el impacto social en familias que viven dentro del área de influencia de las obras.
Pedido de explicaciones
Los pobladores solicitan a las autoridades mayor claridad sobre el cumplimiento de los procesos ambientales y garantías de que el proyecto respete la legislación vigente antes de continuar avanzando.
“Queremos respuestas claras. No puede ser que una obra de esta magnitud avance sin que la ciudadanía tenga certeza de que todo está en regla. El desarrollo debe ser sostenible y respetar nuestro entorno”, concluyó la denunciante.
Nancy Garay, encargada de Comunicación de Rutas del Este, informó que toda la obra cuenta con el permiso ambiental correspondiente, cumpliendo con los requisitos establecidos por las autoridades competentes. En cuanto a la situación de la zona de humedales, aclaró que revisará los datos junto con el equipo ambiental de la empresa, con el objetivo de garantizar que las tareas de construcción se realicen de manera responsable y respetando el ecosistema de la zona.
Para consultar sobre los permisos relacionados con el caso, también tratamos de comunicarnos con Teresa Romero, gestora del Mades, llamando a su número con terminación 206, sin obtener respuesta hasta el momento.
Estamos a disposición para recibir cualquier aclaración que desee brindar sobre el tema, a fin de informar de manera precisa a la comunidad.
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