Días atrás, la Contraloría General de la República (CGR) puso bajo la lupa la administración municipal de Villarrica tras detectar posibles irregularidades financieras que ascienden a G. 21.366.635.907.
El informe, que abarca el ejercicio fiscal 2024 y los primeros meses de 2025, señala una grave falta de documentos respaldatorios en el uso de recursos críticos como Royalties y Fonacide.
Uno de los puntos más críticos que expone el documento es la evolución patrimonial del intendente Magín Benítez (PLRA). Según sus propias Declaraciones Juradas (DDJJ), entre marzo de 2020 y noviembre de 2021, su patrimonio neto saltó de Gs. 275 millones a Gs. 4.347 millones.
Este incremento de más de Gs. 4.072 millones en apenas 20 meses coincide con su transición de docente contratado a jefe comunal.
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En ese periodo, Benítez pasó de poseer un solo inmueble en Ybytymí a declarar ocho propiedades distribuidas en Villarrica y Mbocayaty, incluyendo una valuada en Gs. 1.800 millones, además de incursionar en la actividad agropecuaria.
Carnavales y conflictos de interés
La CGR también cuestionó el manejo de G. 474 millones destinados al Carnaval Guaireño, los cuales carecen de una rendición de cuentas clara.
La situación se agrava por un evidente conflicto de intereses: el tesorero de la comisión del carnaval, Juan Ramón Sanabria Fariña, es al mismo tiempo funcionario de la Municipalidad.
Esta vinculación directa contraviene las normas de transparencia y administración pública, sugiriendo una gestión discrecional de los fondos municipales en beneficio de organizaciones vinculadas al entorno del intendente, quien actualmente busca su reelección en el cargo.