El documento pone bajo la lupa la gestión del intendente Magín Benítez (PLRA) y expone una serie de observaciones relacionadas con la utilización de recursos públicos, principalmente provenientes de Royalties y Fonacide.
Según el informe, uno de los hallazgos más relevantes es la falta de rendición de cuentas en el portal de la CGR por más de G. 3.478 millones en concepto de Royalties. Asimismo, se menciona la omisión de publicación en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) de pagos por obras que superarían los G. 3.007 millones.
La auditoría también detectó el pago de salarios y aguinaldos con préstamos gestionados fuera de plazo por un monto de G. 2.122 millones, situación que fue considerada una irregularidad administrativa.
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Otro punto observado guarda relación con transferencias a comisiones vecinales y desembolsos para eventos como el “Carnaval Guaireño”, donde —según la CGR— no se encontraron facturas ni comprobantes legales suficientes que respalden el uso del dinero.
El informe además advierte sobre presuntas desprolijidades en la utilización de recursos de Royalties y Fonacide para fines que no contarían con el soporte técnico requerido ni con procesos de licitación debidamente documentados. Entre las observaciones se incluyen pagos por servicios técnicos, combustibles y obras sin contratos publicados en la DNCP o sin constancias documentales que acrediten la efectiva recepción de los bienes o servicios.
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Tras la difusión del informe, la administración municipal emitió un comunicado oficial en el que calificó el reporte de la CGR como “preliminar” y sostuvo que se trata de observaciones administrativas que aún deben ser respondidas en el proceso de descargo.
Desde el Ejecutivo municipal negaron categóricamente que el documento constituya una conclusión definitiva sobre hechos de corrupción o un desvío de fondos en beneficio personal. La Comuna argumentó que muchas de las observaciones obedecen a dificultades técnicas relacionadas con el acceso a documentación digital y no a la inexistencia de los respaldos físicos.
En ese sentido, aseguró que los documentos existen, están archivados y serán presentados nuevamente ante la CGR para aclarar cada uno de los puntos señalados en la auditoría. El comunicado subraya que en ninguna parte del informe se establece de manera taxativa la existencia de un perjuicio económico concreto para el municipio.