Una parte de la construcción de la Fase B de la defensa costera se encuentra paralizada debido a la protesta de vecinos que rechazan la ubicación prevista para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), proyectada en las inmediaciones del aeropuerto Carlos Miguel Jiménez y a metros del barrio Villa Aeropuerto, según el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
La obra, ejecutada por el Consorcio Sanitario Ñeembucú por US$ 54 millones, permanece estancada.
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La tensión social derivó en un fuerte cruce de acusaciones dentro de la Junta Municipal. El presidente del órgano deliberativo, Gerardo Valoriani (ANR-HC), apuntó contra los concejales que integran la Comisión de Infraestructura y Servicios por supuestamente haber firmado un dictamen favorable para la construcción del sistema de alcantarillado y la PTAR.
Gerardo Valoriani señaló directamente a Maida Fernández (ANR-Añetete), María Alba Campias (PLRA), Rosa Céspedes (PLRA) y Nilsa Pablina Torres (ANR-HC) por “mostrarse ahora sorprendidas” y de intentar posicionarse junto a los vecinos exigiendo transparencia.
“Mienten cuando dicen que no aprobaron el dictamen sobre la construcción del Sistema de Alcantarillado Pluvial, Cloacal y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, y que eso era solo una nota interna”, expresó.
El titular del Legislativo exhibió un documento fechado el 21 de octubre que, según afirmó, constituye un dictamen favorable firmado por las ediles mencionadas. Finalmente, mencionó que el MOPC es el que debe definir esta situación.
La réplica
Por su parte, la concejal María Alba Campias (PLRA) rechazó las acusaciones y aclaró que la Comisión de Infraestructura recibió una nota remitida por la ministra Claudia Centurión, titular del Ministerio de Obras Públicas, con fecha 20 de septiembre de 2024, enviada por la Intendencia el 7 de octubre del mismo año.
La concejal municipal indicó que el documento fue remitido “para conocimiento” del pleno y no para su aprobación formal.
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“Los concejales no tuvimos la potestad de aprobar, ya que la nota se nos remitió únicamente para toma de razón, tal como se indica en el texto oficial”, afirmó.
María Campias explicó que el dictamen firmado por la comisión no constituye una validación de la licitación ni de los detalles técnicos de la Fase B, sino un acuse de recibo de la comunicación enviada por el Ejecutivo municipal respecto a la Licitación Pública Nacional para el sistema de alcantarillado y la PTAR, cuyo emplazamiento —según indicó— no estaba definido en ese momento.
Obra millonaria estancada
Mientras continúan las acusaciones cruzadas y la búsqueda de responsables políticos, la obra permanece estancada.
La Fase B de la defensa costera está siendo ejecutada por el Consorcio Sanitario Ñeembucú, conformado por las empresas Benito Roggio e Hijos SA, Constructora Heiseche SA y Los Trigales (LT) SA, y representa una inversión de 54 millones de dólares.
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El conflicto por la ubicación de la planta de tratamiento mantiene en vilo a los vecinos de la zona del aeropuerto, quienes temen impactos ambientales y sanitarios, y exigen mayor claridad técnica por parte del MOPC.
El tema volverá a ser debatido esta noche durante la sesión ordinaria de la Junta Municipal, que comenzó a las 19:00, en un escenario donde la tensión política y social promete intensificarse si no se alcanzan definiciones concretas sobre el futuro del proyecto.