La ejecución de la Fase B de la Defensa Costera de Pilar, se encuentra paralizada en medio de un creciente conflicto entre vecinos del barrio Villa Aeropuerto y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
Los pobladores rechazan la instalación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en las inmediaciones del aeropuerto local y exigen que sea trasladada al menos a cinco kilómetros del casco urbano.
El proyecto, que contempla desagüe pluvial, red cloacal y la construcción de la PTAR, forma parte de una inversión que supera los 54 millones de dólares y está a cargo del Consorcio Sanitario Ñeembucú, integrado por Benito Roggio e Hijos SA, Constructora Heisecke SA y Los Trigales SA, con un plazo de ejecución de 24 meses.
Sin embargo, la falta de consensos y cuestionamientos técnicos mantienen la obra estancada por resolución de la Junta Municipal.
Los vecinos apuntan directamente a la ministra Claudia Centurión, a quien acusan de sostener una postura inflexible y de no presentar un estudio de impacto ambiental específico sobre el sitio elegido para la PTAR.
Según denunciaron, existiría un estudio general del proyecto, pero no uno puntual que evalúe las consecuencias ambientales y sociales en el barrio Villa Aeropuerto.
A la par, cuestionan el rol del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) por no brindar información clara ni acompañar con transparencia el proceso.
Este medio intentó comunicarse con el director general de control del Mades, Cristian Ferrer, pero no atendió nuestras llamadas ni respondió los mensajes de texto enviados para conocer la postura oficial.
Fracasó mesa técnica
Las autoridades municipales convocaron a una mesa técnica con el objetivo de avanzar en el diálogo, pero la reunión terminó en tensión.
Los vecinos abandonaron el encuentro al considerar que no se trató de una instancia de trabajo real, sino de una simple socialización de decisiones ya tomadas.
“Nosotros no queremos escuchar lo que ya decidieron a nuestras espaldas. Queremos discutir la reubicación”, expresó Karen Quintana, vocera del barrio, quien además cuestionó la capacidad operativa de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP), señalando deficiencias históricas en la gestión del sistema sanitario.
Los pobladores entregaron una propuesta formal con tres posibles ubicaciones alternativas hacia el sur de la ciudad, bordeando el canal de derivación, argumentando que el actual emplazamiento afectará la calidad de vida, generará malos olores y dará una imagen negativa a quienes arriben al aeropuerto Carlos Miguel Jiménez.
Ante la falta de respuestas, los vecinos solicitaron la intervención del vicepresidente de la República, Pedro Alliana, para mediar en el conflicto.
“Con una llamada puede destrabar este problema. Solo pedimos que nos tengan en cuenta”, sostuvieron.
Mientras tanto, la millonaria obra permanece paralizada, con el reloj corriendo y sin que el MOPC ni el Mades den explicaciones claras a la ciudadanía sobre los criterios técnicos y ambientales que sustentan la polémica ubicación de la PTAR.