La exjefa comunal había sido denunciada por una supuesta sobrefacturación en la compra de kits de alimentos por G. 163 millones. Uno de los puntos que generó mayor cuestionamiento fue la adquisición de una lata de carne vacuna en conserva de 340 gramos, conocida popularmente como “Vaca’i”, que habría sido comprada a G. 46.000 por unidad.

Los entonces concejales municipales Guillermo Lovera y Maximiliano Augusto Barrios, ambos del Partido Colorado, habían presentado la denuncia ante el Ministerio Público por los supuestos hechos de lesión de confianza, tráfico de influencia, enriquecimiento ilícito y asociación criminal.
Por el mismo caso también había presentado en su momento una denuncia particular el exsenador por Frente Guazú, Pedro Santacruz. Sin embargo, tras seis años de investigación, la exintendenta no fue imputada y el juzgado notificó recientemente a las partes sobre la desestimación de la causa.
El juez Ortega explicó que la decisión fue adoptada a pedido del fiscal interviniente Jorge Luis Arce Rolandi, cuyo requerimiento fue ratificado por la agente fiscal adjunta María Soledad Machuca Vidal.
Señaló que según el petitorio del Ministerio Público, el fiscal realizó la investigación correspondiente y concluyó que no existen elementos que permitan afirmar que las adjudicaciones hayan ocasionado una afectación negativa al patrimonio de la Municipalidad de Quiindy.
Asimismo, el pedido refiere que el agente fiscal agotó las diligencias investigativas y llegó a la convicción de que no existen elementos de sospecha suficientes que indiquen la comisión del hecho punible denunciado, por lo que el requerimiento de desestimación se encuentra ajustado a derecho.
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Denunciantes afirman que nunca declararon
El exconcejal colorado Guillermo Lovera sostuvo que durante todo el proceso nunca fueron convocados a declarar ni a ratificar la denuncia, ni ante la Fiscalía ni ante el juzgado.

Recordó que la denuncia fue presentada durante la pandemia y que, pese a intentar realizar seguimiento al caso, no lograron acceder a la carpeta fiscal ni conocer qué fiscal llevaba la causa.
Indicó que recién ahora recibieron la notificación judicial. Según la cédula firmada por el juez Ortega el 24 de febrero de 2026, en la causa N.º 41/2020 se dictó el Auto Interlocutorio N.º 540, con fecha 5 de diciembre de 2025, que resolvió desestimar la denuncia por los motivos expuestos en el considerando de la resolución.
Los denunciantes señalaron que desconocen los fundamentos de la decisión, ya que nunca tuvieron acceso al expediente.
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Denuncia por supuesta sobrefacturación
Los exconcejales Lovera y Barrios habían denunciado ante la Fiscalía de Delitos Económicos que los productos adquiridos por la municipalidad administrada entonces por Acevedo de Bogado figuraban entre los más caros de la zona.

La comuna destinó G. 163 millones del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) para la compra de víveres destinados a 620 kits de alimentos, que fueron distribuidos a distintas instituciones educativas.

De acuerdo con la lista de precios presentada por la empresa BH Service SRL, la lata de carne vacuna conocida como “vaka’i” fue adquirida a G. 46.000, el aceite a G. 18.000 por litro, el poroto a G. 12.000 el kilo y la leche en sachet a G. 7.200. El representante legal de la firma en ese momento era Andrés Isabelino Fulgencio Arrúa Rodríguez.
