La audiencia preliminar en la causa por el asesinato y abuso sexual de la niña Melania Monserrath Dávalos fue suspendida por segunda vez en el proceso que involucra a un adolescente señalado como presunto responsable de los hechos. El caso se remonta al año pasado y ocurrió en la localidad de Fulgencio Yegros, donde la muerte de la menor generó una fuerte conmoción social y motivó una investigación penal que actualmente se encuentra en una etapa previa a determinar si el expediente será elevado a juicio oral.
La diligencia judicial debía realizarse en el marco del proceso penal adolescente y tenía como objetivo que el juzgado analice la acusación presentada por el Ministerio Público, así como las pruebas reunidas durante la investigación. En esta etapa procesal, la jueza Penal de la Adolescencia, María Roxana Ramírez, debe evaluar si existen elementos suficientes para enviar el caso a juicio oral o si corresponde adoptar otro tipo de decisión procesal.
No obstante, el acto procesal fue nuevamente suspendido luego de un pedido formulado por la defensa técnica del adolescente acusado, lo que generó cuestionamientos por parte de la representación fiscal. Según el Ministerio Público, esta situación constituye la segunda dilación que se produce dentro del proceso en torno a la realización de la audiencia preliminar.
La agente fiscal Laury Vázquez explicó que la primera suspensión se produjo a raíz de una superposición de audiencias que fue comunicada por la defensa del menor, circunstancia que fue aceptada por el juzgado como una justificación válida para reprogramar la diligencia en una nueva fecha.
En esa primera ocasión, el tribunal resolvió fijar nuevamente la audiencia preliminar con el objetivo de continuar con el proceso y analizar la acusación formulada por el Ministerio Público contra el adolescente imputado en la causa.
Sin embargo, durante el segundo intento de realización de la audiencia, nuevamente surgió una situación que impidió el desarrollo del acto judicial. Según detalló la fiscal Vázquez, en esta oportunidad todas las partes involucradas en el proceso comparecieron ante el juzgado para participar de la audiencia, pero se constató la ausencia de la madre del adolescente acusado, lo que motivó un nuevo planteamiento por parte de la defensa.
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Ante esa situación, la defensa solicitó nuevamente el aplazamiento de la audiencia preliminar hasta que la madre del menor pudiera estar presente durante la diligencia judicial. El juzgado resolvió hacer lugar a ese pedido y decidió suspender la audiencia, fijando posteriormente una nueva fecha para la continuación del proceso.
La decisión judicial fue cuestionada por el Ministerio Público, que manifestó su oposición al planteamiento formulado por la defensa y solicitó que la audiencia se lleve adelante pese a la ausencia de la madre del acusado.
Según explicó la fiscal, la normativa vigente dentro del régimen penal adolescente no establece como requisito obligatorio la presencia de los padres durante la audiencia preliminar.
En ese sentido, indicó que la participación de los progenitores en este tipo de diligencias es considerada facultativa, por lo que el acto procesal podría haberse realizado igualmente con la presencia de la defensa técnica del adolescente.
La representante del Ministerio Público señaló además que, en caso de considerarse necesaria la participación de un representante del menor, el juzgado podría haber dispuesto la intervención de un defensor de la niñez para suplir la ausencia de la madre. De acuerdo con la fiscal, esta alternativa hubiera permitido avanzar con el proceso sin necesidad de suspender nuevamente la audiencia preliminar.
Ante la decisión adoptada por el juzgado, el Ministerio Público resolvió presentar recursos de reposición y apelación en subsidio con el objetivo de cuestionar la resolución que permitió el nuevo aplazamiento de la diligencia judicial.
La causa investiga los presuntos hechos punibles de feminicidio y abuso sexual en niños que habrían sido cometidos contra la menor, calificación que fue establecida por la Fiscalía luego de la incorporación de nuevos elementos probatorios durante la investigación.
Entre las evidencias analizadas por los investigadores se encuentran estudios laboratoriales y resultados de pruebas de ADN que, según el Ministerio Público, permitieron sustentar la acusación presentada contra el adolescente.
Actualmente el menor permanece con prisión preventiva en un centro educativo para adolescentes mientras continúa el proceso penal en su contra.