El concejal Humberto Blasco (PLRA) denunció un posible nuevo golpe al patrimonio de Asunción, bajo la gestión del intendente, Luis Bello (ANR-cartista). Advirtió que el gobierno de Santiago Peña pretende obtener de forma gratuita parte de las seis hectáreas de la Costanera Norte, que el exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), intentó subastar sin éxito en 2024. Esta cesión representaría un grave perjuicio financiero para una comuna en crisis.
Blasco señaló la intención del Gobierno, con la gestión de Bello, de firmar una adenda al convenio para la ejecución del préstamo de US$ 105 millones del Banco Mundial, para la construcción, entre otros componentes del Proyecto de Resiliencia Urbana (2022), del Eco Distrito en la Costanera de Asunción.
Este componente del proyecto de construcción de viviendas sociales, que en un principio iba a tener cuatro hectáreas, luego reducido a dos hectáreas, según el concejal, ahora volvería a aumentar su dimensión, sumando tres hectáreas. De esa parcela, una parte saldría de las seis hectáreas que Nenecho quiso subastar en 2024.
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El edil recordó que en 2016, la Municipalidad de Asunción destinó US$ 4 millones al refulado de un total de ocho hectáreas de la Costanera Norte. El trabajo fue financiado con parte de los G. 40.000 millones de los bonos G3. En 2023, con la emisión de los bonos G9, de G. 190.000 millones, se realizó el rescate total de la deuda de bonos G3, por G.20.000 millones. Los bonos G9 terminarán de pagarse recién en 2035.
Blasco denunció además la intención de apurar esta entrega en detrimento de los intereses de la capital, utilizando como presión la posible pérdida de un financiamiento millonario del organismo internacional. “Ellos plantean la necesidad de aceptar, porque está condicionado el préstamo del Banco Mundial y, que si no lo resolvemos en horas o en días, el banco se va con su plata. Siempre con el viejo esquema de chantaje psicológico”, dijo.
Perjuicio patrimonial
El concejal Blasco recordó que las mejoras introducidas por la Comuna en estos terrenos fueron “con una clara intención de rentabilidad, para que la municipalidad pueda ahí desarrollar inmobiliariamente, vender al sector privado y que esos recursos sirvan para desarrollar el resto de la Costanera”.
El edil recordó que, durante el intento de remate, en diciembre de 2024, las tierras tuvieron una “tasación bastante importante” de US$ 22 millones como base, que además fue incluida en el balance de la comuna como un activo. “Incluso se dejó como abierta la posibilidad de que esto pueda ser subastado en estos años para cubrir alguna deuda”, reclamó.
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Blasco criticó que, mientras los contribuyentes siguen pagando los intereses de los bonos que fueron emitidos para mejorar estos terrenos, el Gobierno Nacional pretenda quedarse con estas tierras. “Ellos se quedarían con el activo de la Municipalidad y nosotros nos quedamos con la deuda de los bonos”, cuestionó. Planteó que, en todo caso, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) trabaje en el refulado de otras tierras para la instalación del proyecto.
Como integrante de la Comisión de Legislación, donde fue presentada la intención de aprobación de la adenda, el concejal solicitó informes sobre el monto de la deuda pendiente por esos bonos, pero no obtuvo respuesta. “También pregunté quién se hacía cargo de la deuda, porque transferir bienes que valen US$ 20 millones sin retorno, va a ampliar el agujero financiero de la municipalidad”, dijo.
Pérdida de valor
Para Blasco, el perjuicio será mayor, atendiendo el uso que pretende darse a esas tierras, que es la construcción de viviendas sociales. Advirtió que las cinco hectáreas sobrantes perderán su atractivo para el desarrollo residencial mixto. “Yo les manifesté que, si el Gobierno quiere esa propiedad, que la compre a precio de mercado, y que compre todo, no una parte. No tiene sentido hacer un desarrollo inmobiliario residencial en un barrio social que no tiene fuentes de trabajo en el mismo sitio”, indicó.
El edil criticó duramente que el proyecto no haya sido socializado como se debe con la ciudadanía. “Voy a pedir el próximo miércoles que esto se llame a una audiencia pública donde participen todos los actores, no solamente las comisiones vecinales, que dicen que están informados, sino también otros actores que estaban involucrados en el debate del destino de las tierras de la Costanera", anunció.
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Blasco señaló que el apuro por la cesión de las tierras se da incluso sin que exista un marco legal municipal que ampare la decisión que se busca tomar apresuradamente. Insistió en que las propiedades de dominio privado municipal tienen protección de rango constitucional y, que el Banco Mundial no debería ignorar las normas nacionales ni condicionar apoyos a violaciones legales.
A esto, el edil sumó la desconfianza hacia el MOPC por reiterados incumplimientos pasados. El concejal citó obras prometidas que nunca se concretaron, como las mejoras en la populosa calle Artigas. Tampoco se cumplieron las compensaciones por la afectación de tierras del emblemático Jardín Botánico.
Fallida subasta
La subasta de las tierras de la Costanera, encarada por el exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) en diciembre de 2024, que fue declarada desierta, fue duramente criticada por varios sectores políticos y ciudadanos, por la inusitada urgencia con que se llevó a cabo y, porque se tenía intención de pagar salarios y deudas con los ingresos, en lugar de invertir en el desarrollo de la ciudad.
La propuesta ingresó a la Junta Municipal -entonces presidida por el actual intendente Luis Bello- el 16 de octubre de 2024 y fue aprobada, con algunas modificaciones, en solo cinco minutos y sin debate, el 20 de noviembre de ese año. La subasta se convocó para el 18 de diciembre, lo que significó un proceso de solo 60 días desde la presentación del Pliego de Bases y Condiciones (PBC). En los dos llamados, no apareció ni un oferente para pugnar por las tierras.
Concejales de la oposición y sectores de la sociedad civil cuestionaron además la intención de vender las tierras sin desarrollo urbano previo, lo que habría triplicado su valor. Ahora, la oposición critica que directamente se esté planteando su entrega sin recibir nada a cambio.
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Rodríguez renunció en agosto del año pasado, ante la inminencia de su destitución y de la presentación de un contundente informe de la intervención a su gestión, realizada por Carlos Pereira, en la que, entre otras cosas, se confirmó el desvío de G. 512.000 millones de los bonos para obras a gastos corrientes. Tras su renuncia, un acuerdo de la mayoría colorada con la “bendición” de Nenecho, eligió a Bello para sucederlo.