Mediante un comunicado, los gremios médicos señalaron que tomaron conocimiento de que en la sesión plenaria del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) convocada para este martes 17 de marzo se trataría la habilitación de nuevas carreras de Medicina, algunas de ellas en universidades nacionales.
Ante esta situación, pidieron formalmente que el análisis de los expedientes sea postergado hasta que se esclarezca la “trazabilidad técnica y administrativa” del proceso que derivó en los dictámenes que serán sometidos a consideración del pleno.
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Señalan posibles dictámenes contradictorios
De acuerdo con los antecedentes mencionados en el comunicado, una asesora técnica del área de salud contratada por el CONES habría emitido inicialmente un dictamen técnico negativo respecto a al menos dos expedientes de carreras de Medicina, al detectar el incumplimiento de requisitos exigidos para su habilitación.
Posteriormente, según indicaron, se habría creado una nueva instancia de análisis mediante la conformación de otra comisión, de la cual habría surgido un dictamen favorable que sería el que finalmente se presentará ante el pleno del consejo.
Los gremios señalaron que la eventual existencia de dictámenes contradictorios dentro de un mismo proceso administrativo genera dudas sobre la consistencia técnica, la transparencia y la trazabilidad del procedimiento.
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Solicitan auditoría y publicación de documentos
Ante estas dudas, las organizaciones solicitaron al CONES tres medidas concretas: la postergación del tratamiento de los expedientes, la publicación íntegra de los dictámenes técnicos y antecedentes administrativos, y la realización de una auditoría técnica y administrativa independiente.
Asimismo, expresaron que ambas instituciones están dispuestas a colaborar técnicamente si las autoridades lo consideran necesario.
“La prudencia es una obligación”
Finalmente, las organizaciones recordaron que la habilitación de carreras de Medicina implica una alta responsabilidad institucional.
“En el ámbito de la educación médica superior, la prudencia institucional no constituye demora, sino una obligación ética, académica y sanitaria frente a la sociedad”, señalaron en el documento.