La CSJ, mediante la resolución N° 12.677, aprobó las directrices para el uso de sistemas de inteligencia artificial, aplicables a magistrados y funcionarios del Poder Judicial.
Según el PJ, mediante esta normativa se establecen los criterios para su utilización en actividades vinculadas al procesamiento de datos, la gestión de la información e incluso la toma de “decisiones asistidas”.
Asimismo, su objetivo es “orientar” la utilización de estas herramientas en el ámbito judicial con un criterio de “ético, responsable y transparente” ya establecido, mientras que su aplicación se daría entre magistrados y funcionarios.
“Se dispone que su implementación se realice como apoyo a la labor de los operadores judiciales, sin sustituir la intervención humana en los procesos de toma de decisiones", aseguran.
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Uso adecuado a la Constitución
De igual manera, el Poder Judicial sostiene que “su uso deberá adecuarse a la Constitución de la República”, al igual que a tratados internacionales y demás normas vigentes.
Esta política alcanza a los distintos órganos jurisdiccionales, circunscripciones judiciales y dependencias administrativas en actividades vinculadas a la gestión de información y procesos asistidos, según el PJ.
Por otra parte, el Poder Judicial también sostiene que “incorpora criterios vinculados a la transparencia en su utilización” y se prevé la obligación de informar sobre su implementación y uso, especialmente en los casos donde su aplicación pudiera incidir en derechos o garantías.
Finalmente, sostienen que el desarrollo de esta política se dio en cooperación técnica en marco de la Carta Acuerdo suscrita entre la Corte Suprema de Justicia y la Oficina Regional de UNESCO en Montevideo, como también con la participación del consultor internacional Juan David Gutiérrez.
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