Tras el incendio registrado en 2025 en el Hospital Regional de Caacupé, el Gobierno había anunciado mejoras urgentes que, a más de un año, siguen sin concretarse. El anuncio se dio en un contexto crítico: días después del incendio del 18 de enero de 2025, que obligó a evacuar a más de 50 pacientes de áreas sensibles como internación, urgencias y pediatría. Aquel episodio no solo generó alarma, sino que dejó al descubierto las profundas falencias estructurales del principal centro asistencial del departamento.
Pese a esa evidencia, y al compromiso público asumido en medio de la crisis, las respuestas del Estado no pasaron del discurso.
En aquella ocasión, el titular del Ejecutivo aseguró intervenciones en áreas clave como urgencias, maternidad, cirugía, pediatría y terapia intensiva. Se habló de modernización, fortalecimiento del sistema y atención digna. Hoy, un año después, esas promesas siguen sin materializarse, mientras la realidad del hospital continúa marcada por carencias, limitaciones operativas y una demanda creciente que supera la capacidad instalada.
El propio director del Hospital Regional de Caacupé, Hugo Cañete, confirmó que el proyecto aún no fue ejecutado. Esta situación contrasta con los reiterados reclamos, quejas y denuncias públicas de usuarios que exigen condiciones mínimas de atención.
La falta de respuestas concretas no solo expone ineficiencia administrativa, sino también una preocupante desconexión entre las prioridades del Gobierno y las necesidades urgentes de la población.


15 días para remisión de respuestas
Ante este escenario, el diputado Carlos María López (PLRA) impulsó un pedido de informes aprobado por la Cámara de Diputados, solicitando explicaciones al Ministerio de Salud sobre el destino de unos 10 millones de dólares anunciados para mejorar la infraestructura sanitaria en Cordillera.
El hecho de que se requiera un pedido formal para conocer el uso de estos recursos refuerza las dudas sobre la transparencia y ejecución de los fondos.
El requerimiento apunta a obtener detalles sobre obras, adquisición de equipamientos, contratación de personal y procesos de licitación en hospitales de Caacupé, Tobatí, Eusebio Ayala, Piribebuy y Altos. Además, exige información sobre empresas adjudicadas, estado de avance de las construcciones y eventuales trabajos concluidos.
Se estableció un plazo de 15 días para la remisión de respuestas, en un intento por esclarecer una situación que, hasta ahora, se caracteriza por la falta de información pública clara.
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Antecedentes
El incendio en el Hospital Regional de Caacupé fue en enero de 2025, originado presuntamente por un cortocircuito en un aire acondicionado, que puso en evidencia la fragilidad de la infraestructura hospitalaria.
Aunque afortunadamente no se registraron víctimas fatales, el hecho marcó un punto de quiebre y generó un compromiso político que hoy aparece incumplido.

Lejos de representar un punto de partida para mejoras reales, aquel episodio terminó convirtiéndose en otro ejemplo de promesas que no se traducen en acciones. La ausencia de avances, sumada al silencio institucional sobre el destino de los recursos anunciados, profundiza la desconfianza ciudadana y alimenta las críticas hacia la gestión sanitaria.
Mientras tanto, los usuarios del sistema de salud en Cordillera siguen enfrentando largas esperas, limitaciones en la atención y condiciones que distan de ser dignas.
La situación del Hospital Regional de Caacupé no solo refleja un problema local, sino también una deuda estructural del Estado con uno de los servicios más sensibles: la salud pública.
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