A través de la Resolución 561, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) designó a Oscar Miguel Aldama Castillo como coordinador general del proyecto “Mejoramiento de Inserción a los Mercados Agrarios – PIMA” de la Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos (Dincap).
Esta noticia no cayó bien en los ingenieros agrónomos que emitieron un comunicado de rechazo, calificando de “inaceptable” que ese tipo de cargos de naturaleza técnica sean ocupados por personas que no cuentan con la formación profesional específica requerida.
“Estas funciones deben ser ejercidas por ingenieros agrónomos u otros profesionales con acreditada idoneidad técnica en el área, garantizando así decisiones fundamentadas y acordes a las realidades productivas del país”, señala parte de la nota difundida por la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Paraguay (AIAP).
En comunicación con ABC, el ingeniero Víctor Miranda Cáceres, titular de la asociación, aclaró que el cuestionamiento no apunta a la persona de Aldama Castillo, sino al criterio usado para la designación que omitió un perfil profesional para un proyecto netamente técnico que refiere al sector agropecuario.
“Estamos hablando del proyecto de Mejoramiento de Inserción a los Mercados Agrarios que es un proyecto estratégico para nuestro sector y justamente este tipo de responsabilidades requieren de formación técnica específica. Entonces, en esa línea nosotros nos estamos manifestando”, explicó.
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“Un balde de agua fría”
El ingeniero Cáceres afirmó que la noticia los tomó por sorpresa este miércoles; por lo tanto, no manejan mayores datos acerca de si el funcionario en cuestión ocupaba otro rol dentro de la cartera estatal hasta su reciente designación.
“Solamente vimos que es abogado, nos percatamos de que es abogado esta persona. Fue un balde de agua fría para nosotros, nos desayunamos esta noticia por así decirlo”, expresó.
El posicionamiento de los ingenieros señala una apertura al diálogo con el Gobierno, aunque advierten que mantendrán una postura firme en defensa del ejercicio profesional y de la correcta orientación de los proyectos que afectan al desarrollo agropecuario.