El procedimiento estuvo a cargo del fiscal de la Unidad Penal N° 5, Fernando Balbuena, quien encabezó las diligencias realizadas en el lugar junto a su equipo y con resguardo policial.
Desde el Ministerio Público se aclaró que no se trata de un operativo de desalojo judicial, ya que no existe oficio al respecto. Se enmarca en una verificación fiscal en el marco de una investigación que se encuentra en etapa incipiente, orientada a la recolección de datos sobre la situación denunciada.
Las tareas se desarrollaron sin incidentes y concluyeron en horas de la jornada.
En ese contexto, Karina Ferrari, una de las denunciantes, relató que este hecho genera preocupación entre los propietarios y vecinos de la zona, debido a la incertidumbre sobre la titularidad de los terrenos y el impacto que podría tener la ocupación en el área.
Indicó, además, que ya mantuvo contacto con el intendente de San Bernardino, Emigdio Ruiz Díaz (ANR), a quien expuso la situación y solicitó una intervención institucional para esclarecer la propiedad del inmueble.
Según señaló, el jefe comunal habría manifestado que corresponde realizar las investigaciones pertinentes para determinar a quién pertenece el predio y cuál es su situación legal.
Ferrari agregó que los lugareños vienen siguiendo con preocupación los hechos registrados en la zona desde hace varios meses. Se observa la presencia constante de personas desconocidas y la instalación progresiva en sectores considerados privados y, en algunos casos, de interés ambiental.
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Antecedentes
El 11 de febrero de 2026, propietarios y residentes de siete urbanizaciones remitieron notas a los intendentes de San Bernardino y Ypacaraí, Emigdio Ruiz Díaz (ANR) y Fernando Raúl Negrete (PLRA), respectivamente, denunciando ocupaciones irregulares de terrenos privados en la zona de El Cortijo y frente a Casa Blanca. En el escrito se mencionó la presencia constante de personas y la supuesta instalación ilegal de servicios públicos.
Posteriormente, el 14 de febrero de 2026, pobladores de la urbanización El Cortijo denunciaron una nueva ocupación en un predio privado ubicado en un área protegida cercana al Museo Aviadores del Chaco. Según el documento, más de 200 familias se habrían instalado en el sitio, generando preocupación por el impacto ambiental y la falta de claridad jurídica sobre la propiedad.
De acuerdo con residentes de la zona, una primera ocupación dentro del área protegida ya se había registrado a inicios del año 2023, aunque en ese entonces con menor cantidad de presuntos invasores.
Intentamos comunicarnos con el intendente Ruiz Díaz a la línea telefónica con terminación 912, pero no obtuvimos respuesta. Estamos abiertos en caso de que desee referirse al caso.
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