Mediante resolución del 4 de mayo pasado, el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop) ordenó a la Junta de Vigilancia de la Cooperativa Multiactiva Luque Ltda. la convocatoria a una asamblea extraordinaria para la elección de autoridades.
La disposición busca llenar los cargos que quedaron vacantes tras las sanciones impuestas a los miembros del Consejo de Administración.
La autoridad reguladora otorgó un plazo de cinco días corridos, contados a partir del día siguiente de la notificación (vencimiento previsto para el 9 de mayo), para realizar el llamado a asamblea, conforme a lo establecido en el artículo 49 del Estatuto Social de la entidad.
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Sanciones e inhabilitaciones
El Incoop resolvió sancionar con la inhabilitación por cuatro años para ocupar cargos electivos en cualquier entidad cooperativa del país a los principales directivos del anterior consejo.
Entre los afectados se encuentra Miguel Mancuello Ozuna, actual vicepresidente de la cooperativa y candidato a concejal municipal, quien se desempeñaba como prosecretario al momento de los hechos investigados.
La lista de sancionados incluye también a:
- Roberto Osmar Pont Núñez (exvicepresidente)
- Edert Eduardo Falcón Orué (expresidente)
- Graciela Coronel (exdirectiva)
- Héctor Ramón Samudio (exdirectivo)
- Margarita Pintos de Ferreira (exdirectiva)
- Elvira Martínez Vda. de Mosqueira (exdirectiva)
La sanción rige a partir del día siguiente de la resolución. Al ser afectados cinco consejeros titulares y un suplente, el Consejo de Administración ha quedado acéfalo, motivo por el cual se requiere la convocatoria a asamblea para la renovación de autoridades.
Antecedentes del desfalco en la Cooperativo Luque
La crisis institucional se originó tras una denuncia formal presentada en septiembre del año pasado por un supuesto desvío de G. 12.000 millones. Según la investigación, se habrían aprobado créditos millonarios de forma irregular a socios sin capacidad de pago o, en algunos casos, a personas inexistentes.
A raíz de una revisión de balances, los propios miembros del consejo denunciaron los hechos. El 19 de diciembre de 2024, la sede matriz de la cooperativa fue allanada en un procedimiento liderado por el fiscal Jorge Escobar.
Tras una serie de recusaciones que apartaron a Escobar y luego a la fiscal Carolina Spezzini, la causa recayó en la fiscal Sofía Galeano.
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La fiscal Galeano presentó la imputación contra los exdirectivos por la presunta comisión de los delitos de lesión de confianza y estafa en el marco del millonario desfalco.