El Ministerio Público presentó acusación contra los 29 procesados y solicitó la elevación de la causa a juicio oral y público. La audiencia debía desarrollarse ante el Juzgado de Garantías de Santa Rosa del Aguaray, donde debía resolverse si los acusados enfrentan un juicio oral por los hechos investigados.
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Los campesinos afrontan cargos por invasión de inmueble ajeno, perturbación de la paz pública, resistencia, daños, incitación a cometer hechos punibles y tentativa de homicidio doloso. Sin embargo, la diligencia quedó sin efecto y será nuevamente agendada para agosto.
La causa tiene su origen en los hechos ocurridos el 5 de diciembre del año pasado, cuando personas que formaban una caravana con aproximadamente 50 vehículos intentaron ingresar a la estancia Lusipar, ubicada en el departamento de San Pedro.
Durante el procedimiento se produjo un violento enfrentamiento que dejó dos policías heridos por disparos de arma de fuego, varios campesinos lesionados, daños a patrulleras y la incautación de numerosos vehículos que habrían sido utilizados por los manifestantes.
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Elvio Benítez obtuvo arresto domiciliario
En paralelo, el dirigente campesino y político sampedrano Elvio Benítez obtuvo medidas sustitutivas a la prisión preventiva y abandonó la Penitenciaría Nacional de Emboscada. La resolución fue dictada por el juez de Garantías Vicente Coronel, tras una audiencia de revisión de medidas cautelares.
Benítez enfrenta dos procesos judiciales. En una de las causas, por presunta apología del delito, ya había accedido a medidas alternativas. No obstante, continuaba privado de libertad por una segunda causa vinculada al conflicto en la estancia Lusipar, en la que está procesado por supuesta invasión de propiedad privada, asociación criminal y tentativa de homicidio.
El magistrado resolvió sustituir la prisión preventiva por arresto domiciliario en su vivienda del distrito de Santa Rosa del Aguaray, medida que será controlada por la Policía Nacional y mediante monitoreo electrónico permanente.
Como parte de las condiciones impuestas, Benítez no podrá salir del país sin autorización judicial, deberá abstenerse de cometer nuevos hechos punibles y mantener comunicación permanente con las autoridades responsables del monitoreo electrónico.