El juez de Ejecución Carlos Luis Mendoza Peña ordenó que el exdiputado Carlos María Soler Cano, condenado a 4 años de cárcel por corrupción en el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), sea sometido a un tratamiento psicológico, por el plazo de seis meses, una vez a la semana, o por el tiempo y la frecuencia que el profesional tratante estime necesario, en la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza.
Asimismo el magistrado dispuso la incorporación del exgerente de Créditos del Indert a un programa específico, ya sea laboral y/o de capacitación, previa información y consentimiento del mismo, debiendo el Organismo Técnico Criminológico comunicar al reo las consecuencias negativas de la no participación en los programas de reinserción.
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“Si bien es cierto que la representación del Ministerio Publico se opuso a la promoción a tratamiento solicitada por la defensa, corresponde promover al periodo de tratamiento penitenciario que consiste en el conjunto de actividades directamente dirigidas a la reinserción social de los internos; el cual deberá ser integral y de carácter educativo, terapéutico, espiritual, asistencial y disciplinario”, resalta parte del Auto Interlocutorio N° 132 dictado por Mendoza Peña este martes 14 de julio de 2026.
El juez de Ejecución resalta que el periodo de tratamiento para Soler Cano se implementará mediante programas específicos en el área de convivencia, educación, trabajos, recreación, asistencias espiritual, sanitaria y psicosocial.
Soler seguirá cumpliendo condena en la cárcel
A inicios de abril del presente año el Tribunal de Apelación Penal, Primera Sala, de la Capital rechazó el recurso planteado por la defensa del exdiputado Carlos María Soler y ratificó el rechazo al pedido de prisión domiciliaria que había solicitado el condenado a 4 años de cárcel, quien cumple su sentencia desde julio de 2025 en la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza de Tacumbú.
La defensa de Soler argumentó que dentro de la penitenciaría el exgerente de Créditos del Indert no recibe la atención médica adecuada, para las enfermedades que padece, y que, en consecuencia, corre peligro de muerte. Por esta razón apeló la resolución del juez de ejecución Carlos Mendoza, quien en febrero pasado resolvió no hacer lugar al pedido de prisión domiciliaria.
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Sin embargo, los camaristas Jesús Riera, Paublino Escobar y Camilo Torres concluyeron que no se verifica una desprotección del derecho a la salud de Carlos Soler, como tampoco a los demás derechos fundamentales del condenado, y por esos motivos ya el juzgado de ejecución había resuelto no hacer lugar al beneficio de la prisión domiciliaria.
Para el tribunal de alzada, el juzgado de ejecución consideró correctamente que el tratamiento que recibe Carlos Soler dentro de la cárcel resulta suficiente y efectivo, siempre que la administración penitenciaria garantice el monitoreo constante ya constatado por el juez Carlos Mendoza, quien exhortó al Ministerio de Justicia a disponer de todos los medios para asegurar la atención médica al interno.
Exdiputado condenado por corrupción
El exdiputado por el Partido Patria Querida (PPQ) y exgerente de Créditos del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) Carlos María Soler cumple, desde julio de 2025, su condena a 4 años de cárcel por cohecho pasivo agravado, extorsión y tráfico de influencias, en la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza.
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La condena a 4 años de cárcel para Soler quedó firme el 24 julio de 2024 cuando la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), integrada por los ministros Luis María Benítez Riera, María Carolina Llanes y César Garay, rechazó el recurso de casación planteado por la defensa.
El otro condenado en la presente causa es el exdirector regional del Indert en el Chaco Pedro Enrique Gómez de la Fuente, sentenciado a 3 años y seis meses de cárcel por los hechos de cohecho pasivo agravado y extorsión. El mismo fue beneficiado con la prisión domiciliaria el 9 de marzo pasado, luego de un periodo en la granja penitenciaria de régimen semiabierto, en Tacumbú.
En el auto interlocutorio N° 45 de la fecha indicada, el magistrado Mendoza alegó motivos de salud para otorgar el beneficio a Gómez de la Fuente, a quien autorizó a cumplir su pena en su residencia en el barrio Santísima Trinidad, de Asunción.
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En el juicio oral, que finalizó en julio de 2022, quedó probado que en el año 2019 los ahora condenados solicitaron 125.000 dólares americanos al estanciero Albino Méndez para anular la revocación de adjudicación de un inmueble de 3.900 hectáreas ubicado en el Chaco y titular dicho inmueble junto a otro lote.