El obispo de la Diócesis de San Juan Bautista de las Misiones, monseñor Osmar López Benítez, designó al diácono permanente Ernesto Almada como administrador parroquial de la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción, ante la escasez de sacerdotes y la necesidad de garantizar la atención pastoral de la principal comunidad parroquial de San Juan Bautista.
La designación fue oficializada mediante el Decreto Episcopal Nº 19/2026, firmado el 24 de septiembre. El documento señala que el nombramiento responde a la falta de presbíteros en la diócesis y destaca la disponibilidad e idoneidad del diácono para asumir la responsabilidad pastoral.
El decreto se sustenta en el canon 517, parágrafo 2, del Código Canónico, que permite al obispo encomendar a un diácono la participación en el ejercicio de la cura pastoral de una parroquia cuando existe escasez de sacerdotes.
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La toma de posesión del cargo se realizó el 26 de septiembre, durante la reunión de coordinadores de comunidades y movimientos de la parroquia, presidida por monseñor Osmar López Benítez. En la ocasión, el diácono Ernesto Almada realizó la profesión de fe y la promesa de desempeñar fielmente el oficio encomendado.
El sacerdote que fue apartado del cargo
El nombramiento se produjo luego de que la parroquia quedara sin administrador, tras una denuncia presentada contra el entonces párroco, Ismael Obregón Olmedo, el 29 de agosto último.
El sacerdote fue imputado por la fiscala Mirtha Valle por los supuestos hechos punibles de abuso sexual en personas indefensas y actos homosexuales con personas menores.
El juez penal de Garantías de Misiones, Víctor Joel Paredes, rechazó el pedido de suspensión de la prisión preventiva y dispuso la reclusión del sacerdote en la Penitenciaría Regional de Misiones, donde permanece actualmente, mientras continúa la investigación del Ministerio Público.
El obispo de la Diócesis de San Juan Bautista de las Misiones, monseñor Osmar López Benítez, había informado que Obregón Olmedo fue apartado de su cargo conforme al proceso establecido en el Código Canónico, mientras aguarda el avance de la investigación del Ministerio Público.
El obispo explicó que, de comprobarse los hechos durante el proceso correspondiente, el sacerdote podría ser expulsado del estado clerical. Asimismo, afirmó que la Iglesia mantiene una política de tolerancia cero ante casos de abuso sexual.