El presidente de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), José Duarte Penayo, negó tener una disputa con el ministro de Educación, Luis Ramírez. Aseguró que existen “diferencias de criterios” en materia de regulación, y que estas no responden a visiones opuestas, sino a un problema de fondo.
Según explicó en el programa Mesa con EVP, la gobernanza de la educación superior paraguaya está “muy enmarañada” y debe reformarse “con urgencia”. Cuestionó que existan organismos reguladores con procesos similares mientras el contribuyente paga un esfuerzo “improductivo”.
Duarte propuso que el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), al que calificó de “profundamente corporativo”, pase a la órbita del Ministerio de Educación. La Aneaes, en tanto, debería dedicarse exclusivamente a acreditar. También valoró la medida del ministro de exigir que las carreras estén en proceso de acreditación para inscribir títulos.
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Una ley que no pidió, pero que apoya con condiciones
El titular de la Aneaes aclaró que el proyecto que suspende por dos años la creación de universidades no es una iniciativa de su institución. El Congreso solicitó un parecer técnico, y la agencia respondió que la pausa es viable si sirve para reorganizar el sistema regulatorio y definir prioridades.
Recordó que ya hubo una suspensión similar en 2011, tras escándalos de venta de títulos, que derivó en la primera Ley de Educación Superior (4995). Admitió que esa norma logró cierto orden, pero la consideró “totalmente insuficiente” ante la irrupción de la inteligencia artificial y el avance de formaciones basadas en competencias.
Advirtió además que la pausa no puede ser una restricción por sí misma. Pidió que en esos dos años se fijen metas de corto, mediano y largo plazo con productos entregables. “Si no lleva a eso, no tiene sentido”, sostuvo.
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“Inflación del diploma” y credencialismo extremo
Duarte comparó la emisión de títulos sin respaldo real con la de papel moneda sin sustento. Según dijo, un diploma que no refleja conocimiento ni competencias reconocidas por el Estado se devalúa y genera privilegios que, finalmente, paga el contribuyente.
Describió una época de “credencialismo extremo” y calificó a la universidad como una institución “medieval”, que avanza lento frente a estos cambios.
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Sin mercado real: regulación débil y favores a grupos de interés
El funcionario rechazó que en el país exista libre concurrencia. Afirmó que en Paraguay “no es un mercado ni siquiera imperfecto”, sino un entramado regulatorio deficiente que permite la captura de los entes reguladores en favor de grupos y lobistas con intereses políticos.
Sostuvo que algunas instituciones funcionan como “parapolíticas” y “paraclientelares” bajo el ropaje de la educación superior sin fines de lucro, lo que les permite rentas “mucho más extraordinarias”. Calificó esto como una injusticia con los emprendedores que apuestan genuinamente al país.
Como contrapunto, mencionó a universidades que, según dijo, avanzan en investigación e internacionalización: la Paraguayo-Alemana, la Paraguayo-Taiwán, la Nacional y la Católica.
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Crear una universidad: un trámite “meramente documental”
Para Duarte, los mecanismos actuales para habilitar una universidad son “absolutamente débiles”, con exigencias “prácticamente nulas”. Explicó que el proceso se reduce a presentar documentos que, con inteligencia artificial generativa, se pueden fabricar en minutos.
Señaló que no se exige un estudio de factibilidad ni de mercado. Como ejemplo, citó a Chile, donde una institución distinta analiza la viabilidad económica del proyecto y define si los ingresos irán a la universidad o a sus propietarios, y si se pagarán dividendos o a docentes e investigadores.
En Paraguay, advirtió, se puede abrir una universidad “sin saber siquiera por qué” ni a qué demanda responde. Eso, afirmó, afecta derechos del estudiante que se inscribe en carreras sin salida laboral, lo cual calificó como “una forma de estafa”.
Acreditaciones “no se negocian”, asegura
Duarte aseguró que en la Aneaes actual las sesiones se transmiten en vivo y las acreditaciones “no se negocian políticamente ni se venden como en el pasado”. Agregó que los datos abiertos en su portal permiten al estudiante verificar qué carreras pasaron por evaluación.
Recordó que, por mandato constitucional, las universidades se crean por ley, facultad que pasó del Ejecutivo al Legislativo con la Constitución de 1992. Planteó que el debate sobre qué significa hoy la universidad no está en la agenda del Estado ni del Congreso.