El juez penal de Garantías Especializado en Crimen Organizado Osmar Legal dispuso la inhibición general de vender y gravar bienes contra el exdirector jurídico del Banco Central del Paraguay (BCP), Aldo Javier Rodríguez González, uno de los procesados en el caso Ueno Bank. El funcionario se encuentra actualmente en el juzgado, para la audiencia de imposición de medidas.
La decisión obedece a una solicitud de los fiscales s Silvia González, Christian Benítez, Elena Fiore, Ruth Benítez, Laura Giacummo, Verónica Valdez y Marlene González, quienes solicitaron además la prisión preventiva del letrado.
“(...) los hechos investigados se encuentran relacionados con operaciones financieras y decisiones administrativas que habrían comprometido importantes recursos públicos y previsionales, cuya eventual afectación patrimonial todavía debe ser determinada mediante las diligencias correspondientes y a la necesidad de identificar y preservar, cuando corresponda, los bienes y activos patrimoniales relacionados con los hechos punibles investigados, a fin de evitar su eventual transferencia, ocultamiento, dispersión o disposición, y garantizar las consecuencias patrimoniales que pudieran derivarse del proceso penal” argumentaron los fiscales.

Exdirector del BCP está procesado por supuesta lesión de confianza y otros tres delitos
Aldo Javier Rodríguez González está procesado por presunta lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso, todos en calidad de cómplice; y asociación criminal como autor, en el marco de la causa N° 92/2026 que investiga a expresidente de la República Santiago Peña y otros presuntos involucrados en el caso Ueno Bank.

Asimismo, los representantes del Ministerio Público sustentan su petición tras argumentar que existe “la probabilidad cierta de que esta persona pueda pretender ocultar el dinero o, eventualmente, bienes producto de las actividades ilícitas, o modificar de cualquier manera sus situaciones patrimoniales, a objeto de evitar su identificación y que puedan llegar a ser comisados, la necesidad de asegurar los bienes vinculados con los hechos investigados debe ser examinada atendiendo a la naturaleza de las operaciones financieras individualizadas, las personas intervinientes y los mecanismos de circulación de recursos que constituyen objeto de investigación”.
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En el auto interlocutorio (AI) N° 413, el juez Legal dispuso las medidas necesarias para evitar que Rodríguez pueda ocultar o disimular objetos de interés económico registrables que podrían eventualmente ser sujetos a comiso.
Así las cosas, el magistrado dispuso la inhibición general de vender y gravar bienes contra el abogado y notificó de su decisión a la Dirección de Registros Públicos, Servicio Nacional de Catastro, Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA), Registro del Automotor, así como a la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay y a la Superintendencia de Seguros, e Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP), a fin de circularizar a todas las entidades bancarias o financieras y cooperativas.
