El delito de extorsión nunca se configuró en el caso de Caballero, debido a que la propia víctima, Beatriz Gamarra, apodada “Betty la Loca”, ofreció una cantidad de dinero al hombre de prensa por intermedio del entonces fiscal de Medio Ambiente de San Juan Nepomuceno Vidal Sánchez Aranda.
El Tribunal de Sentencia que juzgó el caso del periodista Antonio Caballero fue presidido por el magistrado Antonio Molinas e integrado por Osvaldo Rivas y Nelly Alderete, como miembros, y los abogados defensores fueron Jorge Sales Altamirano y Luis Gutiérrez, quienes demostraron la inocencia del procesado.
El hecho se remonta a junio del año 2008, cuando el entonces fiscal Arnaldo Giuzzio encabezó un operativo con el aparente objetivo de implicar al periodista Antonio Caballero en un caso de extorsión.
Giuzzio, una vez que detuvo a su colega Vidal Sánchez, acompañado por la cámara de televisión, se dirigió hasta la casa de Caballero, pese a que la abogada Norma Gírala, con anterioridad ya había comunicado que al periodista se le venía ofreciendo dinero y este se desentendió del tema.
En el primer proceso que soportó Antonio Caballero, los abogados defensores fueron Antonia Amarilla, Norma Girala, Rafael Saguier “Rambo” y en aquella oportunidad el juez de garantías de San Juan Nepomuceno, César Acosta Maldonado, encontrando que no se había configurado el delito de extorsión en el caso de Caballero y teniendo en cuenta la declaración de la propia víctima, quien reconoce que ella misma tomó la determinación de mandar ofrecer dinero mediante el fiscal Sánchez Aranda, quien tomó el dinero y fue filmado en el acto, resolvió sobreseer definitivamente al periodista.
La resolución fue apelada por Arnaldo Guizzio y por la querella adhesiva impulsada por Beatriz Gamarra, quien contrató como abogado a German Latorre, ex fiscal general del Estado, pero la Cámara de Apelaciones de Caazapá ratificó la decisión judicial de primera instancia debido a que se ajusta a derecho.
El caso tenía que terminar definitivamente en esta instancia debido a que hubo dos resoluciones en un mismo sentido, pero el fiscal Arnaldo Guizzio y Germán Latorre llevaron el proceso a la Corte Suprema de Justicia, solicitando casación. Dos años después de estar encajonado el expediente, una rara maniobra realizada mediante presión política del sector castiglionista del Partido Colorado (la supuesta víctima milita en este sector del coloradismo) consiguió el reenvío del expediente a la jueza Lilian Servián, quien aparentemente maniobró para dejar al periodista sin su abogada defensora Norma Gírala, y en una audiencia designó a Jorge Sale Altamirano para representar al periodista.
El fiscal Luis Piñánez, quien reemplaza en el caso a Arnaldo Giuzzio y a Bernardo Elizaur, presentó a varios testigos, quienes se preocuparon más en ventilar su propia experiencia al ser alcanzado por diversas publicaciones en el diario, como el suboficial de policía Víctor Candia.
Este oficial tiene antecedentes de mala conducta dentro del cuadro policial y fue trasladado en reiteradas ocasiones de la zona. Lelis Marina Santacruz es una mujer que en varias oportunidades fue denunciada públicamente por estafar a los campesinos desde una supuesta fundación.
También llevaron a Hernán Vergara, un político oviedista que fue a discursear a favor de Gral. Oviedo, y Arle Escobar, pariente de la supuesta víctima y quien varias veces fue publicado por deforestar la zona de Tava'i, cuando se desempeñaba como secretario de Medio Ambiente de la Gobernación de Caazapá. Los supuestos testigos señalaron que conocieron el caso únicamente porque se publicó en los medios de prensa.
El fiscal Piñánez, una vez conocida la resolución judicial, aseguró que apelará el caso y buscará la figuración que tuvo su antecesor en la cámara de apelaciones.
El juicio oral y público comenzó el pasado miércoles 7 y siguió el lunes 12 de mayo y la sentencia se dio a conocer a las 16:00 aproximadamente del mismo día.