Karina Bracho y Luis Prieto hicieron trámites a través de la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Habitat (Senavitat) para ser adjudicados con una vivienda económica en el proyecto Pindolo, distrito de Areguá, departamento Central.
Según la resolución Nº 1.039 de la Senavitat, el precio de venta del inmueble asciende a G. 57.500.000. Del total, la pareja abonó G. 2.000.000, a cuenta de la propiedad con la vivienda, mientras que el saldo fue financiado con una tasa de interés del 7% anual en un plazo de 240 meses, a partir del vencimiento de la primera cuota.
El contrato de compraventa, suscrito el 11 de julio de 2013, revela que, una vez que el comprador haya cancelado el importe adeudado a la Senavitat, se le transcribirá la escritura tasativa del dominio, a través de un escribano público a designar.
Luego de haber realizado los trámites de rigor correspondiente, la pareja iba rumbo a su vivienda para disfrutar del sueño de su casa propia, pero tal fue su sorpresa al ver la puerta con rastros de haber sido violentada y una nueva cerradura.
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En su vivienda, encontraron a Blanca Ortigoza y Gustavo Hernán Parra, ambos agentes de la Policía Nacional, residiendo en el lugar, como si la casa fuera de ellos.
Inclusive, un vecino tomó las fotografías de una patrullera, con chapa BHD 356, que fue utilizada para realizar la mudanza de los uniformados a la vivienda.
La pareja denunció el hecho ante la Senavitat y esta entidad emitió una nota prejudicial en la que notifican a la pareja de policías que la propiedad pertenece a Karina Bracho y que, de no desocuparla, iniciarán los procedimientos para un juicio de desalojo.
La nota fue dejada debajo de la puerta, ya que Blanca Ortigoza y Gustavo Parra no se encontraban en la vivienda.
Karina Bracho, en una denuncia presentada ante la Comandancia de la Policía, expresó su indignación por el hecho, ya que el personal policial debería dar el ejemplo.
El caso fue derivado a la sede Fiscalía Zona de Luque, a cargo de la abogada Natalia Fúster, que caratuló el caso como investigación fiscal sobre invasión de inmueble ajeno.
Mientras tanto, la pareja debe seguir abonando el alquiler de la vivienda en la que residían antes. Ambos se acercaron al diario ABC Color y expresaron su indignación.
Desde que se enteraron de que la casa que se les adjudicó fue invadida, realizaron una serie de trámites, sin resultado alguno, hasta el momento.
La abogada Natalia Fúster dijo a ABC Color que hay una audiencia marcada para mañana. En caso de no presentarse una prueba sustanciosa en contra de la señora Bracho, propietaria de la vivienda, tanto Ortigoza como Parra serán imputados.
Dijo que quiere agotar las instancias antes de imputar, ya que las documentaciones presentadas por la propietaria legal son contundentes y están autenticadas por la Senavitat.