“Encontramos lo mismo de siempre: grupos de campesinos instalados en zonas prohibidas de reservas en donde se sirven de los recursos naturales sin permiso”, refirió Hugo Cañiza, asesor legal de la Seam, en comunicación con ABC Color. Según el funcionario, las intervenciones que hicieron el último fin de semana permitieron constatar que el peligro para las reservas naturales es una constante.

Un equipo de ABC Color comprobó meses atrás la imparable deforestación en varias reservas y parques nacionales de la Región Oriental, a pesar de que desde hace 10 años existe la ley de Deforestación “Cero”. No obstante, el nivel de desmonte llega a unas 60 hectáreas por día. A pesar de estos datos y de que todos los días saltan más casos, nadie terminó en la cárcel en este tiempo.

Funcionarios de la Seam, acompañados por funcionarios de la Dirección de Fiscalización Ambiental Integrada (DFAI), técnicos del Infona, agentes del Ministerio Público y efectivos de la Policía Nacional, realizaron un par de intervenciones entre el jueves y sábado últimos en los departamentos de Canindeyú y Alto Paraná. El primer lugar en donde hicieron las intervenciones fue la Reserva Privada Morombi, de la localidad de Curuguaty de Canindeyú. Allí, las intervenciones se realizaron en las zonas conocidas como Karumbé y Pira Verá, en donde justamente, hace apenas unos meses atrás, la Seam había detectado la tala ilegal de árboles en la zona. En esa oportunidad, los depredadores pudieron ser detenidos y fueron denunciados ante la fiscalía.

En la reserva Morombi, los intervinientes encontraron un asentamiento campesino nuevo, denominado “San Miguel Arcangel”, según manifestaron sus ocupantes a las autoridades. Sólo en esta reserva, los técnicos calculan que se desmontaron al menos 50 hectáreas de bosques dentro de la zona del área protegida. Se encontraron además con plantaciones de girasol, poroto y maíz, una actividad que está prohibida para este tipo de reservas.

En el Parque Nacional Ñacunday, del distrito del mismo lugar, en el departamento de Alto Paraná,  los guardaparques de dicha Secretaría descubrieron tablones de madera acerradas listos como para ser llevados. En efecto, uno de los grandes problemas que tiene este parque nacional -que tiene unas 2.000 hectáreas- es la tala ilegal de árboles. El parque cuenta con una exquisita belleza natural, que se resume con el gran salto del Ñacunday, una maravillosa caída de agua de casi 40 metros que no es explotada turísticamente. Sin embargo, cada día se depredan sus bosques. 

Igualmente, en esta última intervención de la Seam se descubrió la presencia de comunidades indigenas dentro del mismo parque, además de varios trabajos de limpieza en el lugar para la instalacion de las viviendas de la comunidad. “Descubrimos diferentes grupos de personas, muchos de ellos campesinos, que se mantienen en la zona de amortiguamiento de las reservas. Ese es el principal problema que se tiene porque todos ellos alegan que no tienen otra alternativa que echar los árboles y vender la madera”, señaló Cañiza.

“Se tiene que hacer un trabajo grande para determinar bien quiénes son campesinos sin tierras, cuáles son las comisiones de campesinos que están reconocidas y qué grupos son aquellos que pueden tener algún grado de financiamiento externo para sacar la madera de las reservas”, aseveró el director jurídico de la Seam.

Cañiza lamentó el poco interés que hay de parte de las autoridades municipales o de las gobernaciones en donde están las zonas afectadas por la tala de madera. “Existe una nula acción de las entidades locales para acompañar el trabajo de cuidar las áreas protegidas”, enfatizó Cañiza. Dijo que es muy difícil contar con el apoyo municipal a la hora de hacer las intervenciones en las zonas de las reservas. “La responsabilidad de protección de estos bosques es de todos. Cada institución debe hacer su parte para evitar que se siga con la destrucción de estos recursos naturales”, insistió Cañiza.

Adelantó que desde la Seam pedirán informes a las municipalidades locales y al Infona, de todos los aserraderos habilitados y que están operando en los alrededores de todas las reservas naturales de la Región Oriental del país.