El parlamentario Esteban Samaniego (ANR), exjefe comunal de Quyquyhó, está denunciado por lesión de confianza y un faltante de G. 10.000 millones correspondiente a dos periodos de su gestión.
La agente fiscal, en cumplimiento de una orden judicial de la magistrada Lici Teresita Sánchez, se constituyó en la Municipalidad local acompañada de funcionarios de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y de la Policía Nacional.
Incautaron algunas documentaciones contables, facturas, recibos, contratos, extractos bancarios y talonarios de cheques. Asimismo, procederán a la búsqueda de planillas de pagos, balances e informes de rendiciones de cuentas del ejercicio fiscal, desde el año 2011 hasta el 2017, de los dos periodos de la intendencia que estaba bajo la administración de Samaniego.
Asimismo, se procederá a incautar computadoras, teléfonos celulares, soporte magnético, discos duros de computadoras y todo lo que pueda esclarecer la denuncia que habían presentado los concejales municipales por “lesión de confianza” contra el exintendente, en marzo de este año.
La acción judicial fue encabezada por la entonces intendenta interina Isidora Benítez (PLRA), acompañada de los concejales Natividad Morel y Laylis Ferreira (UNACE), Clementina Fernández de Orzuza y Adriano Duarte (ANR) y Rafael Martínez, del PLRA, bajo patrocinio de los abogados Salustiano Ortiz Díaz y Alfredo Hernán Cabrera Río.
Esta denuncia se basó en la auditoría externa realizada por la consultora SALIEC y representada por la licenciada Ada Torres, que había arrojado un faltante de G. 10.000 millones de los G. 16.000 millones que administró Samaniego durante su gestión.
La auditoría había detectado supuestas obras y equipos informáticos fantasmas, así como millonarias construcciones inconclusas. Además, se constató que el exintendente Samaniego habría librado cheques por G. 380 millones a favor de su esposa, su madre, un policía y operadores políticos.
La situación empeoró cuando asumió la intendenta interina Isidora Benítez, en enero pasado, y no halló ningún documento que avale la gestión de Samaniego, lo cual fue comprobado por la Contraloría.
Ahora la esposa de Samaniego, la asuncena Patricia Adriana Corvalán, es actual intendenta de esta ciudad y completará el periodo 2018-2020.
Según el reporte de la auditoría, entre las irregularidades detectadas aparece la supuesta arborización de la ciudad por G. 257 millones, compra de software por G. 50 millones –que no existen en la comuna–, adquisición de cinco computadoras por G. 89 millones, de las cuales solo se encontraron dos. También mencionan mejoras del palacete municipal por G. 370 millones, pero el local se está cayendo a pedazos: las puertas están sujetas con alambres, las ventanas rotas y la tarima en calamitoso estado.
Además, la administración de Samaniego desembolsó la exorbitante suma de G. 259 millones supuestamente por mejoras y limpieza del predio del palacete y por colocación de dos refugios, seis faroles y piso de alrededor de un metro cuadrado, “tipo tapiz”, en el portón de acceso al local.
Durante la gestión del referido político, la Comuna realizó un llamado a licitación por G. 350 millones para realizar mejoras en la Escuela Básica N° 910 “Capitán Antonio Yegros”, de la compañía Cerro Frente. El contrato comprende el arreglo de aulas de dos pabellones y la construcción de sanitarios, pero solamente se arregló un bloque.
Para la Escuela “Isaac Ortiz”, de la compañía Cerro Guy, se adjudicó la construcción de un baño por G. 140 millones.