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Querella por muerte de adolescentes

Este artículo tiene 12 años de antigüedad
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Mañana presentarán querella contra cuatro exfuncionarios del Centro Educativo Integral de Itauguá por la muerte de dos adolescentes. Exigen que se investigue el caso de manera a determinar si existe responsabilidad de las personas querelladas.

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La Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA) y la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), en representación de los familiares de los dos adolescentes que murieron en abril de este año en el Centro Educativo Integral de Itauguá (CEI), presentarán querella criminal adhesiva contra los ex-guardias Juan Carlos Saucedo Jara e Ignacio Franco Fernández, el ex-director interino Julio César Bogado Giménez y el ex-jefe de seguridad Fidelino Falcón, por la probable responsabilidad de los mismos en la muerte de ambos adolescentes.

Con la querella criminal adhesiva se busca, además de la sanción a los responsables de las muertes y la reparación a las familias, incidir en que el Estado adopte políticas efectivas dirigidas a una atención integral a los adolescentes en conflicto con la ley, así como medidas para la no repetición de este tipo de hechos.

El 21 de abril de 2014, aproximadamente a las 17:30, varios adolescentes recluidos en el CEI habrían iniciado una acción de protesta en reclamo por constantes situaciones de maltratos físicos y verbales, mala calidad de la alimentación y falta de insumos básicos, entre otros. Para llamar la atención de los funcionarios administrativos habrían quemado colchones en el interior de sus pabellones.

Cuando ya la tensión había mermado, varios guardias, entre ellos los dos citados más arriba, se habrían acercado hasta uno de los pabellones y, una vez que llegaron a las rejas, entre los barrotes, estos últimos habrían realizado disparos a quemarropa con armas de fuego contra los adolescentes que se encontraban dentro del pabellón. Como consecuencia de dicha acción, fallecieron dos de ellos y otros resultaron heridos.

La fiscal Teresita Torres había imputado por el delito de homicidio doloso a los guardiacárceles Ignacio Franco Fernández  y a Juan Carlos Saucedo Jara, por la muerte de dos reclusos del Centro Educativo ubicado en esta ciudad.

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