Hoy se dio la aprobación en general de la propuesta y se remitió a las comisiones asesoras de Diputados para su estudio artículo por artículo, atendiendo el debate sobre el contenido de la propuesta.

Como el proyecto de ley plantea que existan contralores en todo el país que se encarguen de vigilar la manera en la que se utilizan los recursos para el mejoramiento de 1.000 escuelas, ahora el cuestionamiento es quiénes fungirán de eventuales contralores en las diferentes regiones del país.

El motivo del cuestionamiento es que existe mucha desconfianza hacia los organismos que deberían encargarse de administrar estos recursos, informó el periodista de ABC Cardinal, Edgardo Romero.

El diputado Ramón Romero Roa, proyectista de la Ley de Emergencia en Educación Pública, declaró que algunos “se pierden en la idea de un control excesivo”. Sin embargo, la pretensión real es que la gente participe, y se controle a quienes intenten mal utilizar esos recursos. “El comité de control estaría integrado por padres, docentes, por la juventud estudiosa. Además se incorpora la posibilidad de que si hay hecho irregular, la Contraloría remita a la Fiscalía y que esas personas sean responsables en el ámbito penal”, explicó el diputado.

Al consultársele si la vía de la excepción no se prestará a irregularidades, el parlamentario aseguró que la vía de excepción “no implica dejar de controlar, existe control de precios, hay informes semestrales que hay que hacer”. El congresista pidió “solucionar el problema, no dificultar más las tareas. Si no, de aquí a un año tendremos problemas peores”.

Para la refacción de los 1.000 colegios serán utilizados recursos de Fonacide, de Fondos para la Excelencia, “y de otros recursos que pueda tener el Ministerio de Hacienda”, señaló Romero Roa. No quiso precisar un monto estimativo que se gastará en estos trabajos. Se limitó a precisar que tendrían la ley completamente aprobada para fines de junio.