“La Fiscalía dice que está investigando pero no es así. Llevan 25 años con causas abiertas sin recoger los más de 3.000 testimonios ya digitalizados y sin detener o apartar del cargo a los represores”, declaró Martínez, representante de los represaliados en una querella presentada en Argentina.
En 2013, las víctimas de la dictadura de Stroessner presentaron una querella en Argentina, donde se aplica la jurisdicción universal para esos delitos de lesa humanidad, justificada por el nulo avance en las investigaciones por parte del Ministerio Público paraguayo.
Desde 2008 no ha habido ninguna imputación por crímenes de lesa humanidad contra los victimarios ya identificados, dijo Martínez.
“Queremos que se investigue efectivamente, que la Fiscalía demuestre voluntad, que vaya de oficio al Archivo del Terror a procesar toda la información que hay allí”, añadió el abogado.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Las declaraciones fueron hechas durante un acto en la capital en que la Dirección General de Verdad, Justicia y Reparación firmó un convenio de cooperación con la Fundación Internacional Baltasar Garzón, que preside ese exjuez español.
Martínez aseguró que mantendrá una reunión con el juez argentino Norberto Mario Oyarbide el lunes para conminarle a acudir a Paraguay a investigar.
El Archivo del Terror es como se conocen las cerca de 3 toneladas de documentos secretos de los órganos de represión de la dictadura militar paraguaya, encontrados el 22 de diciembre de 1992 en una dependencia policial en Asunción.
Oyarbide es el magistrado argentino que lleva la querella que incluye a víctimas paraguayas, argentinas e indígenas, pues también se reclama justicia para los nativos aché que fueron casi exterminados por las fuerzas armadas del dictador, recordó Martínez.
Según el letrado, si la Justicia paraguaya “continúa bloqueando y dilatando” las investigaciones, tendrán que aparecer ordenes de captura internacional provenientes de Argentina para que “ de una vez se juzgue a los responsables o se los extradite para que se presenten ante la Justicia ” de aquel país.
Martínez adelantó que ofrecerán a Oyarbide datos de los argentinos que fueron perseguidos por Stroessner en Paraguay “para agregar un vínculo más” al proceso.
El juez argentino exhortó en agosto de 2013 a la Fiscalía paraguaya a enviar información sobre las causas abiertas sobre estos casos. El Ministerio Público tardó en responder un año y un mes.
El 11 de septiembre del año pasado la Fiscalía especializada en hechos Punibles Contra los Derechos Humanos envió al magistrado argentino una repuesta que según el abogado de las víctimas “es imprecisa y no responde a nada de lo que se le pide”.
“No dice una palabra del genocidio aché. Un año para responder con 9 páginas falseadas para impedir que se investigue en Argentina”, manifestó Martínez.
Hace dos meses el Ministerio de Interior paraguayo homenajeó a varios policías con más de 50 años de servicio, entre ellos al excomisario Eusebio Torres, acusado por algunas víctimas de ser un torturador.
Tras las protestas por ese reconocimiento, el ministro de Interior, Francisco de Vargas, reconoció que había cometido un error y a pidió disculpas a las víctimas.