El Ejecutivo promulgó la ley sancionada en junio pasado por la Cámara de Diputados; por ende, todo celular robado o extraviado deberá ser bloqueado por la operadora a la que corresponda el número telefónico, previa denuncia ante la Policía Nacional, según expresa la ley ya vigente.

La ley expresa que, en caso en que el teléfono no haya sido adquirido de una empresa de telefonía, el afectado deberá tener registrado el número del sistema internacional de registro de equipos móviles (IMEI) y con estos datos proceder al bloqueo, independientemente de que el aparato haya sido adquirido de la misma empresa u otras casas comerciales.

De igual manera, establece que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones tendrá a su cargo la aplicación de la ley, como así también las sanciones por el incumplimiento. Además, dicha institución deberá trabajar en la creación de un registro nacional de celulares bloqueados, para impedir que los dispositivos sean comercializados, especialmente en países vecinos.

La iniciativa aprobada en ambas Cámaras del Congreso fue promovida por el diputado liberal Édgar Acosta, como una medida para desalentar el robo de teléfonos celulares, uno de los delitos más frecuentes en la actualidad y que en muchos casos conlleva fatales consecuencias.