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Tanto funcionarios como fiscales de Delitos Económicos salieron a las calles para repudiar el presupuesto aprobado en Cámara de Diputados, que contempla un recorte para el Ministerio Público en el orden de los G. 23.000 millones.
El dirigente sindical Odilón Turo detalló a ABC Color que la medida de brazos caídos va de 11:00 a 13:00 y se extenderá por una semana en todas las oficinas del Ministerio Público, por lo que consideran un grave retroceso para la realización del servicio que le corresponde a dicha institución.
Turo asegura que la primera consecuencia que tendrá el recorte del presupuesto en caso de ser ratificado en Congreso y promulgado por el Ejecutivo, será la separación de más de 600 funcionarios contratados y se limitará notablemente el cumplimiento de las funciones debido a la falta de insumos como combustible y equipos informáticos, entre otros.
El sindicalista recalcó que a diferencia de otras instituciones, no salen a las calles, a pedir un aumento de sueldo, “sino para defender nuestras herramientas de trabajo” refirió Turo, quien agregó que en lugar de recortar recursos, el Congreso debería buscar la manera de financiar la contratación de más funcionarios y equipos técnicos para las unidades del interior.
Según el dirigente, el recorte genera preocupación en las propias autoridades del Ministerio Público, que deben administrar recursos limitados tanto humanos como técnicos, “prestando el servicio en cualquier momento del día y en cualquier época del año, sin percibir los beneficios que reciben otros trabajadores en ese concepto”, remarcó.
La medida de brazos caídos se extenderá en principio hasta al próximo martes, antes de la huelga general del 18 de noviembre próximo. Antes de eso se prevé cumplir con los trámites legales para llevar adelante la medida de fuerza.