Uno de los cambios importantes que plantean es prohibir que el jurado actúe de oficio como lo viene haciendo. Argumentó que esta posibilidad es lo que ha permitido que el JEM se convierta en una herramienta de presión, de coacción y de chantaje.

Como alternativa se sugiere que se disponga a seis fiscales acusadores, a ser designados por ternas elaboradas por el Consejo de la Magistratura, en un procedimiento similar al que se sigue para la designación de ministros de la Corte. Serán tres fiscales asignados por la Cámara de Diputados y tres por la Cámara de Senadores.

Estos fiscales deberían tener autonomía funcional y en cuanto a presupuesto dependerán del JEM. También resaltó que estos fiscales solo podrán ser destituidos por juicio político y no van a depender ni del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados ni del Congreso.

Otra de las propuestas que hacen en el proyecto es que para el juzgamiento de fiscales, jueces, defensores y otros servidores públicos participen representantes de la sociedad civil. Estos serían designados por sorteo y al azar. La gestión de esta tarea sería un trabajo en conjunto con Justicia Electoral.

También proponen el establecimiento de todas las audiencias como orales y públicas.