Se trata de los concejales Raúl Cardozo, Huber Legal Silva, Adelio Godoy Marín, Emigdio Olmedo Acosta e Ignacio Martínez, presidente de la Junta Municipal local, todos ellos del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).
De acuerdo con la fiscala del caso, Victoria Acuña, el intendente de la ciudad, Alberto Chamorro (PLRA), denunció al Ministerio Público que los cinco concejales le pidieron la suma de G. 30 millones para que puedan dar el visto bueno al balance de gestión del jefe comunal, cuya administración está intervenida actualmente.
Tras la denuncia del intendente, se preparó la entrega de la suma requerida por los ediles. Con cámaras ocultas, se hizo la entrega del millonario monto en la vivienda del concejal Adelio Godoy, ubicada en el centro de la ciudad, pasadas las 15:30 de este martes.
El dinero estuvo envuelto en cinco sobres, una con G. 10 millones, recibido por el presidente de la Junta, Ignacio Martínez, y lo restante, divido en cuatro paquetes con G. 5 millones cada uno, informó el corresponsal de ABC Color, Sergio Escobar.
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La agente del Ministerio Público, con acompañamiento de agentes del departamento de Delitos Económicos de la Policía y uniformados de la Comisaría 32 de Yrybucuá, procedió a la detención de los cinco concejales, por el supuesto cobro de coima.
Los ediles fueron llevados primeramente hasta la comisaría de la ciudad, para luego ser trasladados a San Estanislao.
De acuerdo con Raúl Cardozo, primer intendente de la ciudad y uno de los detenidos, negó que hayan pedido coima, e insistió que cayeron en una trampa.
Contó que desde hace meses la intendencia adeuda a los concejales pagos correspondientes a salarios, específicamente dietas. Añadió que a algunos ediles la deuda llega a unos 30 meses. Indicó que en concepto de dieta reciben unos G. 800.000 al mes.
En ese sentido, aseguró que el intendente Chamorro los citó para pagarles una parte de aquella deuda, y que los mismos solo fueron a retirar lo adeudado.
Tras la detención de los cinco concejales liberales, sus cuatro colegas restantes, del Partido Colorado, se hicieron presentes en la comisaría de Yrubucuá para cerciorarse de lo sucedido, y brindar apoyo a mismos.
Carlos Cáceres (ANR), miembro de la Junta, no descartó que el accionar del intendente se trate de una venganza, pues los nueve concejales firmaron el pedido de intervención de la comuna por varias irregularidades, como desvío de fondos.
El mes pasado, un grupo de habitantes, en su mayoría afiliados de la ANR, participó de una manifestación pública contra el jefe comunal Alberto Chamorro, por una presunta malversación de recursos económicos pertenecientes a la institución que rondaría los G. 3.000 millones.
El acusado desmiente el delito y asegura que se trata de una persecución de los colorados.