Delfino fue suspendido ayer junto con Francisco Ayala por el Jurado de Enjuiciamiento, por presunto mal desempeño en sus funciones.
Se trata de los agentes que pidieron la desestimación de la denuncia de tráfico de armas y municiones que se importaron a nombre de la Corte y otros órganos del Estado.
La máxima instancia judicial, a través de una licitación hecha en 2010, encargó a la firma Comtecpar la provisión de armas y miles de municiones.
Curiosamente, la empresa, que fue adjudicada por casi G. 800 millones, adquirió más elementos de los requeridos por la Corte, con el aval de la Dimabel.
El excedente fue aprovechado por la entidad privada para venderlo a otros entes estatales e inclusive a algunos particulares.
El hecho fue denunciado en febrero del año pasado por el entonces presidente de la Corte, Víctor Núñez, quien presentó un escrito ante el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, en el cual detallaba el caso.
La investigación avanzó poco a nada y posteriormente los fiscales designados en la causa decidieron solicitar el 29 de enero pasado, en plena feria judicial, la desestimación del caso.
La jueza Griselda Caballero hizo lugar al planteamiento en tiempo récord, en fecha 4 de febrero.
El fiscal Delfino aseguró que aún no fue notificado sobre su suspensión; sin embargo, insistió en que no encontró irregularidad alguna en el caso.
“Hemos realizado la correspondiente investigación y no hemos detectado alguna ilicitud en el tema”, manifestó, en contacto con la 780 AM.
Consideró que no hubo irregularidad alguna cuando Comtecpar decidió comercializar a otros entes algunas armas y municiones adquiridas a nombre de la Corte.
“Atendiendo a que hubo un excedente que ya llegó al país, la empresa solicita una autorización a la Dimabel para vender a otras instituciones. Lo adquirieron el Regimiento Escolta, la Senad y 'ciudadanos no comunes'”, detalló.
Sobre la razón por la cual la Corte ordenaría la compra de armas y municiones, cuando cuenta con resguardo de personal policial equipado, el fiscal indicó que fue “por motivos de seguridad”.
“Por motivos de seguridad es que la Corte solicita esto, para seguir equipando a los personales (sic) que se encargan de la seguridad”, insistió.
Al ser insistido sobre argumentos más consistentes, se limitó a señalar que “es una cuestión de seguridad y ellos (la Corte) tendrán que explicar”.
“Nosotros nos encargamos de ver no solo la licitación de la Corte, sino todas donde estaba involucrada Comtecpar y no encontramos ningún desvío de armas ni municiones”, aseveró.
Respecto a las medidas que tomará ante su suspensión, garantizó que una vez que reciba la notificación, podrá refutar todos los puntos argumentados por el Jurado.
“Vamos a esperar y ver si tenemos algún recurso. Vamos a ejercer nuestra defensa”, manifestó.